El Gobierno dará un incentivo extra a los perceptores del ingreso mínimo que encuentren un empleo o mejoren su salario

Luz verde al incentivo para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que encuentren un empleo o mejoren sus salarios, una medida con la que el Gobierno pretende que fomente la búsqueda de empleo y evite que la ayuda se prolongue indefinidamente en el tiempo. La ley del ingreso mínimo vital ya preveía la compatibilidad de la prestación con un trabajo remunerado, pero ahora el Consejo de Ministros pondrá en marcha a partir de 2023 un mecanismo que pretende recuperar para el mercado laboral al cabeza de familia de al menos 100.000 hogares de los 500.000 que reciben esta prestación.

De esta manera, la Seguridad Social “compensará” a aquellos perceptores del IMV que aumenten su salario para que la disminución en esta prestación -debida a dicha mejora- no penalice su renta disponible al final de año. Según explicaron fuentes ministeriales, “no se trata de una prestación nueva”, puesto que el artículo 20 de la ley del IMV ya lo contemplaba. “Esto significa que solo recibirán el incentivo aquellas unidades de convivencia ya perceptoras del IMV que cumplan los requisitos”, recalcan. Por tanto, no tendrá que “solicitarse” y se concederá de oficio. Su objetivo es estimular la inclusión social y laboral de los beneficiarios de esta prestación que , en principio, se reduce a medida que una persona aumenta su salario.

La cuantía del incentivo dependerá de la composición del hogar y de la cuantía del incremento salarial. Así, las cuantías serán más altas para los hogares con menores a cargo, con especial atención a las familias monoparentales y en las que conviven personas con discapacidad. Además, el incentivo será al principio de mayor cuantía y, a medida que se produce el incremento de salario, el incentivo modera su crecimiento. Asimismo, la cuantía será más alta si la persona estaba fuera del mercado laboral y se incorpora a él, que en el caso en que ya estuviera trabajando.

La idea es que la renta garantizada para las distintas unidades de convivencia que la ley recoge nunca se vea perjudicada porque la persona beneficiaria haya encontrado un empleo o haya logrado aumentar las horas de trabajo. Lo que pretende evitar este nuevo real decreto que un hogar formado por un único adulto con cero ingresos, que percibe 5.900 euros al año mediante el IMV, rechace un empleo que le suponga un incremento de 2.000 euros. Para evitarlo, este real decreto le garantiza que seguirá cobrando la renta asegurada por el IMV que ya percibía más “un incentivo extra”.

De hecho, una persona que vive sola y no ha tenido ingresos el año anterior recibe un IMV de 5.899,60 euros al año. Si al año siguiente, la Seguridad Social revisa la prestación y observa que ha tenido ingresos por valor de 1.000 euros, el IMV se reduciría en la misma cantidad, por lo que se quedaría con un IMV de 4.899,60 euros al año. No obstante, al aplicarse el incentivo al empleo, recibiría 1.000 euros extra que, sumado al IMV y a los 1.000 euros de su empleo, darían un total de 6.899,60 euros al año. De esta forma, la existencia del incentivo hace que esa persona no pierda en la prestación lo que ha ganado como ingresos del trabajo, y su renta total es siempre creciente por lo que le compensa trabajar, según precisan las mismas fuentes del Ministerio de Inclusión.

Desde el Ministerio de Seguridad Social defienden que se “deben tener en cuenta distintos factores” a la hora de diseñar estrategias para favorecer la inserción laboral de ciertos colectivos, como la composición de la unidad laboral, el incremento salarial en cuestión y también si esa persona estaba fuera del mercado laboral y ha de empezar o si solo ha de trabajar más horas. Por eso, este incentivo al empleo varía en función de los tramos de la renta garantizada, de la tipología de hogares y de la situación laboral previa. En principio, si la ganancia es baja, “el incentivo al empleo ha de ser muy fuerte”. De ahí que los incrementos salariales hasta el 60% de la renta garantizada para las distintas unidades de convivencia según la ley se incentiven al 100%, es decir, que no se efectúa ninguna reducción.

De este modo, puede darse la situación de que la persona supere los ingresos para percibir el IMV pero siga cobrando el incentivo. Por ejemplo, una persona que vive sola y no ha tenido ingresos el año anterior pasa a tener unos ingresos de 6.000 euros. Si no existiera el incentivo, dejaría de recibir el IMV, pero al aplicarlo, el incentivo sería de 4.147,31 euros, por lo que la renta de esa persona sería de 10.147,31 euros al año.

El incentivo entrará en vigor el 1 de enero de 2023 pero no empezará a pagarse hasta mitad de año, aproximadamente, que es cuando se revisa la prestación para comprobar si ha habido cambios. Según aseguran desde Seguridad Social, la medida no generará ningún coste extra a sus arcas, ya que podrá generar ingresos al bajar la cuantía del IMV baja en la misma proporción al salario de los beneficiarios, además de que aumentan las cotizaciones a la Seguridad Social, al haber más horas trabajadas. En concreto, estiman que por cada euro que cuesta el incentivo al empleo se recaudarán entre 1 y 3,5 euros.

La norma aprobada contempla la posibilidad de que un perceptor del IMV experimente un incremento salarial que supere “por poco” la renta que tenía garantizada. En este caso, dejaría de percibir el IMV y solo recibiría el citado incentivo al empleo, que consistiría en la diferencia entre la renta mínima garantizada y dicho aumento menos el máximo bonificable en el segundo tramo. Como máximo podrá superar 1,7 veces esta renta mínima garantizada, aclaran desde Inclusión. En definitiva, se trata de fomentar que los beneficiarios del IMV “se animen a aceptar horas de trabajo”, inciden desde el Ministerio, que pondrá en marcha un simulador del incentivo al empleo, para que los hogares puedan hacer sus cálculos individualizados.