¿Hacienda me puede embargar el cheque de 200 euros por tener deudas?

Los hogares con bajos ingresos pudieron solicitar cheque anticrisis de 200 euros del Gobierno desde el 8 de julio al 30 de septiembre. Con esta ayuda, el Ejecutivo confiaba en mitigar el impacto de la inflación para 2,7 millones de personas de bajo nivel de ingresos (con rentas inferiores a 14.000 euros anuales y patrimonio, descontando la vivienda habitual, no superior a 43.196,40 euros). Sin embargo, este ingreso puede quedar total o parcialmente embargado por Hacienda si el beneficiario tiene deudas con alguna administración pública, anulando así su efecto positivo en la economía de estos hogares vulnerables.

Cuando las deudas con administraciones públicas son múltiples y cuantiosas, Hacienda puede embargar el dinero en efectivo, la nómina, pensión y prestaciones. No obstante, existen unos límites a los embargos en los ingresos para garantizar la supervivencia del contribuyente.

Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 607, establece lo siguiente: “Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional”. De esta manera, se establece como inembargable una cantidad equivalente al Salario Mínimo Interprofesional en vigencia (1.000 euros al mes en 14 pagas). Es decir, si la persona sujeta de ejecución percibe el salario mínimo interprofesional, no podrán embargarle los ingresos. No obstante, si sus ingresos superan el salario mínimo, podrán realizarle un embargo parcial que depende de la siguiente escala sobre el excedente del SMI:

• Hasta 2 SMI (el doble) es posible embargar el 30%.
• La cuantía adicional es de hasta 3 SMI, el 50%.
• El importe que supere hasta 4 SMI, 75%.
• Todo lo que exceda de los 4 salarios mínimos interprofesionales es embargable un 90%.

La ayuda de 200 euros del Gobierno entra en la categoría de prestaciones y ayudas públicas a las que se refiere el artículo 4 del Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, donde se recoge que su embargo se realizará teniendo en cuenta las limitaciones dispuestas en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, el artículo 4 del Real Decreto-ley 9/2015 establece lo siguiente:

1. Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los embargos ordenados en el ámbito de procedimientos judiciales y administrativos que tengan por objeto las siguientes prestaciones públicas:

a) Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos.

b) Las demás ayudas establecidas por las Comunidades Autónomas o por las Entidades Locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes.

c) Las prestaciones y ayudas establecidas por el Estado con finalidad análoga a las señaladas en los apartados anteriores.

d) Las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y las ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición.

2. Las prestaciones y ayudas a que se refiere este artículo serán consideradas como una percepción más a efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo tanto, si el beneficiario de la ayuda de 200 euros tiene una multa de tráfico, impuestos impagados o cualquier otra deuda con Hacienda o con alguna Administración Pública, se expone a que le embarguen el cheque de 200 euros, siempre que sus ingresos mensuales superen el salario mínimo.