A a 31 de agosto, la ratio entre cotizantes y pensionistas se sitúa en 2,37. ¿Qué nos indica esto? Que al contrario de lo que se piensa, los jubilados no han generado una bolsa para sus nóminas sino unos derechos reconocidos que deben abonarse a cuenta de la economía productiva, a costa de las rentas del trabajo, a la que no solo se detrae una parte de su salario para pagar las pensiones sino que, además, abona de sus impuestos las transferencias del Estado para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social. Cierto es que de esos casi 39.000 millones previstos en los Presupuestos para equilibrar la caja de la Seguridad Social una parte lo abonan algunos de los propios pensionistas.

Como no tenemos un sistema de capitalización sino de reparto, es necesario un equilibrio entre el número de personas que pagan (los trabajadores) y los beneficiarios (los pensionistas). Este equilibrio se conoce como tasa de dependencia y mide el porcentaje de personas inactivas respecto al porcentaje de población en edad de trabajar. Hablamos no solo de jubilados sino también de menores de 16 años. En definitiva, y sin que nadie se moleste: la economía inactiva en términos de riqueza y valor añadido, bien porque no han comenzado a trabajar o porque han dejado de hacerlo. Los datos del INE sobre el cociente entre la población menor de 16 años o mayor de 64 respecto a la población de 16 a 64 años, es del 54,16%. El dato se mantiene estable desde 2018, pero las previsiones indican que se disparará, hasta alcanzar la paridad a mediados de siglo, lo que implicará que una persona en edad de trabajar tendrá que sostener a una inactiva.

Ante esas perspectivas, ¿son suficientes esos 2,37 cotizantes por pensionista? El Gobierno ha disparado el gasto en pensiones con una subida del 8,5% que está en las antípodas de la contención salarial y del pacto de rentas que pedía hasta ahora. Mientras en la economía productiva la contención salarial ronda el 2,6% de alza, quienes cobran a cuenta de esos sueldos ven revalorizadas sus retribuciones casi un tercio más.

¿Hay una brecha entre trabajadores y pensionistas? ¿Entre la economía productiva y la inactiva? ¿Hay dos Españas: la subvencionada y la que cobra del Estado y la que paga no solo la inflación propia sino la ajena, financiando que a los pensionistas y los funcionarios les golpee menos? Los próximos meses nos darán la respuesta. ¿Por qué?

El Gobierno cree que se alcanzarán los 21 millones de cotizantes a finales del próximo año. Ojalá fuera la mitad. Los indicadores laborales no invitan, precisamente, al optimismo. Y si esas cuentas no se cumplen habrá que echar mano más que nunca de los impuestos para tapar los agujeros creados por este Gobierno. Un colador por culpa de una indexación sin filtros de las pensiones al IPC que resulta demencial cuando vamos a integrar de sopetón a casi 6 millones de pensionistas de aquí a 2048, cuando se espera que solo habrá un activo por inactivo.

La desconexión del Gobierno de la realidad se plasmó ayer en unos Presupuestos ajenos al futuro de todos, también de los pensionistas presentes y futuros, y de los funcionarios de hoy y de mañana. Los sacrificios son para todos, quizá no en la misma medida, porque no podemos vivir de nuestros abuelos o de un familiar funcionario.

Mientras, el Gobierno se ha olvidado de la reindustrialización de España. La política de industria y energía contará solo con 11.606 millones el próximo año, un 2,6% más, casi la mitad de los 19.548 millones de incremento para las pensiones. El 51% de esos fondos provienen de Bruselas. La partida procedente del Estado rondará los 5.681 millones, un 2,7% menos. La apuesta de Sánchez está hecha.