El Gobierno aprueba el plan para las hipotecas vulnerables con “flecos por cerrar” y las dudas de la banca

El Gobierno ha aprobado hoy el paquete de medidas dirigido a aliviar la carga hipotecaria en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de los tipos de interés. Y lo ha hecho sin que se haya cerrado definitivamente el acuerdo con la banca, que necesita “cerrar los últimos flecos” para dar su apoyo definitivo, aunque estos “flecos” pueden tener un mayor calado de lo que espera la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cuyo equipo técnico continúa todavía en conversaciones con las patronales bancarias -AEB, CECA y UNACC- y el Banco de España para lograr al menos un apoyo “simbólico” y dotar de entidad a la decisión del Consejo de Ministros, algo que la banca confirma que está dispuesto a hacer pero “si se nos garantizan ciertas garantías para la estabilidad financiera del sistema”, insisten, aunque “nuestra intención ha sido siempre apoyar medidas que ayuden a nuestros clientes”, pero todavía se están discutiendo “aspectos muy técnicos pero muy importantes para nosotros”.

Ahora mismo, la ministra solo ha logrado el apoyo bancario para el “protocolo de intenciones” del plan, pero sin una rúbrica explícita ni de las patronales ni de la gran banca, que posee más del 95% del mercado hipotecario español. “Yo confío en que se sumen todas las entidades, porque es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a los ciudadanos. Creo que la que no se sume tendrá un alto coste reputacional”, ha afirmado la vicepresidenta, que espera que con la batería de medidas aprobadas este martes más de un millón de hogares puedan tener opciones de reducir su cuota hipotecaria “eligiendo la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera”.

Sin embargo, hoy mismo, el consejero delegado de Santander, JoséAntonio Álvarez, ha advertido de que “todavía se pueden producir cambios en el acuerdo”, en función -por ejemplo- de cómo se realice la refinanciación en el momento de la extensión, que “puede impactar o no en la cifra de provisiones, y no solo ahí, sino también en el consumo de capital del negocio hipotecario” cuando se produce alguna extensión o alargamiento del crédito, explicó. En su intervención en el XXIX Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, Álvarez ha vuelto a reiterar que el porcentaje de hipotecados afectados por la subida de tipos es “muy bajo”, teniendo en cuenta el número de hipotecas a tipo variable firmadas en los últimos años se ha reducido a mínimos. “En los últimos cinco o seis años, el 60% o 70% de las hipotecas han sido a tipo fijo, que son las hipotecas que tienen más riesgo debido a que son jóvenes. Una vez que se ha pagado la hipoteca en los siete primeros años, después es mucho más fácil”.

Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha dicho que, “de momento”, se está estudiando el acuerdo, y ha dejado claro que el sector -y el propio banco- están en buena situación para ayudar a los consumidores más desfavorecidos, que es lo que van a hacer. “Nuestra prioridad siempre han sido nuestros clientes”.

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, destacó la “plena disposición del sector financiero a ayudar” a los clientes que lo necesiten, antes de señalar que “todavía tenemos que ver esta última versión aprobada por el Gobierno” al quedar pendientes detalles técnicos y luego “haremos una valoración final”. Kindelán resaltó que el sector financiero es “muy sensible” a la situación actual con la subida de tipos de interés y de “un montón de costes”, entre ellos, los de las hipotecas y aseguró que “no hay un problema generalizado de mora”, que se encuentra históricamente baja, pero que con el paquete de medidas para familias se está adelantando “una situación que se podría dar” de dificultades para que algunas familias puedan devolver un préstamo hipotecario.

La otra gran patronal, CECA, quiso destacar que el sector ya ha realizado por sí mismo un gran esfuerzo en elevar diferentes propuestas para “la creación un marco flexible que se adapte a las diferentes tipologías de clientes”, ajustando el Código vigente destinado a los más vulnerables a las actuales circunstancias económicas. “Tenemos un mercado hipotecario eficiente y robusto que ha permitido el acceso a la propiedad de la vivienda de amplias capas de población. Nuestra prioridad en el diálogo con las autoridades es mantener se ese flujo de crédito también para las generaciones sucesivas”.

Las mayores críticas han llegado desde dentro del Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado que el acuerdo es “sustancialmente mejorable” porque solo supone “un pequeño paso” y no es “la respuesta que defendemos en Unidas Podemos, porque este acuerdo “no servirá para repartir las cargas de la crisis” y ha acusado a las entidades financieras de “falta de compromiso y de sacrificio” con el país. En el mismo sentido, el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, ha cargado contra la iniciativa porque “deja a muchas familias fuera” y “apenas va a reducir la cuota de la hipoteca”. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Echenique se ha referido a “las medidas que ha filtrado la vicepresidenta Calviño”, las cuales, en su opinión, “casi no tocan los beneficios obscenos de la banca”.

Según este decreto ley, se podrá reestructurar un préstamo con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de 5 años (euríbor menos 0,1% frente al euribor más 0,25% actual) y se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario. Los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año que dediquen más del 50% de los ingresos mensuales al pago de la hipoteca, aunque no vean incrementada en un 50% el esfuerzo hipotecario, podrán acogerse al Código con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante ese tiempo y un alargamiento del plazo de hasta 7 años.

En cuanto a familias con mayor renta, de 29.400 euros anuales, que se consideran en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria, que les consume más del 30% de sus ingresos tras una subida de al menos el 20%. Para todos estos casos, que sumarían más de 750.000, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta siete años. En total, apenas un tercio de las hipotecas firmadas en España se beneficiarán de esta medida, como ha reconocido la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño ha explicado a modo de ejemplo que una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años más de un 50%, hasta los 246 euros. También ha explicado que se reducirán los gastos y las comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminan durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo.

El Código de Buenas Prácticas será de adhesión voluntaria por parte del sector financiero. En una de las disposiciones del real decreto-ley se recoge que todas las entidades adheridas al Código se considerarán firmantes del nuevo real decreto-ley, salvo que en el plazo de dos semanas desde su entrada en vigor comuniquen expresamente a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional que solicitan ser excluidos. Este código fue asumido por Abanca, Andbank España, Arquia Bank, Banca March, BBVA, Banco Caminos, Banco Cooperativo, Banco Sabadell, Mediolanum, Santander, Bancofar, Bankinter, Bankoa, CaixaBank, Caja de Ingenieros, Globalcaja, Grupo Cajamar, Cajasiete, Evo Banco, Ibercaja Banco, ING España, Kutxabank, Open Bank, Triodos, Unicaja Banco, UCI o Wizink, entre otras entidades.

El Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, tras recibir la pasada semana el informe del Consejo de Estado, además de las medidas de alivio para más de un millón de familias hipotecadas, una vez terminado el proceso de consultas sobre el texto, que inicia ahora el trámite parlamentario que permita que en la primera parte del próximo año la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero esté creada. Dicha autoridad supondrá la creación de una ventanilla única, gratis para los usuarios, para que puedan presentar sus quejas y reclamaciones financieras de forma más fácil.

Calviño confía en que todas las entidades se sumen a este acuerdo en el plazo de un mes, con el objetivo de que estén vigentes el 1 de enero de 2023. Según los datos que maneja el Ministerio, 3,7 millones de hipotecas están referenciadas al euríbor; tres de cada cuatro hipotecas se conceden actualmente a tipo fijo; el plazo medio residual ha bajado hasta los 10 años en 2021 y el porcentaje de hogares que dedica más de un 40% de su renta disponible al pago de la hipoteca ha descendido en los últimos años. El Ministerio ha encargado al Banco de España la elaboración de una guía para que los clientes afectados por las subidas de las hipotecas conozcan el “abanico” de opciones que ofrece el nuevo marco de protección, además de que el propio Código de Buenas Prácticas prevé una comisión de control específico para vigilar que se cumplen estas medidas.