El sector del alquiler prevé reclamaciones patrimoniales contra el Estado por la prórroga del tope del 2%

El sector inmobiliario ha vuelto a incidir en que la prórroga del tope del 2% a la subida de los alquileres pactada ayer por el Gobierno con Bildu a cambio del apoyo de esta partido a los Presupuestos de 2023 es una mala noticia para el mercado. En su opinión, el techo contribuirá a exacerbar la escalada de precios que sufren los arrendamientos y traerá consigo reclamaciones patrimoniales por parte de los arrendadores.

“Consideramos inaceptable que se prorrogue una medida que supone la privación del derecho de propiedad de más dos millones propietarios de vivienda en alquiler en España; y a los que no se ofrece ningún tipo de compensación, en contra de lo que prevé la Constitución Española”, lamentan desde la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval). Con esta prórroga, añaden, “se ven dañados de nuevo los derechos de los propietarios, lo que propiciará reclamaciones patrimoniales contra el Estado por parte de los mismos”. Asval recuerda que el 75% de los propietarios en España son particulares con una o dos viviendas, que las destinan al alquiler de vivienda de uso habitual para completar sus ingresos o su pensión a los que también afecta la inflación y que no van a recibir nada a cambio de ver topadas las subidas de las rentas.

Asval, al igual que otros actores del sector como idealista, el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria o pisos.com, considera que el tope tensionará todavía más al alza los precios. En su opinión, la medida “desincentiva la inversión en alquiler, y desviará la oferta al sector de la venta, agravando el problema del acceso a la vivienda, más aún en un contexto de endurecimiento de los tipos hipotecarios, lo que perjudica a los colectivos sociales más vulnerables”. “Este techo a las rentas, sumado a la incertidumbre generada por el intervencionismo del Estado, hará que la oferta caiga y, a igual demanda, provocará un posible aumento del precio medio del alquiler en las grandes ciudades”, advierte Ángel Martínez, vocal de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

Respecto a la oferta, idealista ya ha constatado que el “stock” de viviendas para arrendar se ha reducido un 25% durante el tercer trimestre de 2022 en comparación con el mismo trimestre del año pasado y lo hizo otro 37% en el primero. Su portavoz, Francisco Iñareta, asegura que aunque la medida “resultará beneficiosa para todas las familias que ya viven de alquiler, tendrá consecuencias nefastas para aquellas otras que lo buscan o buscarán en los próximos meses” por esta menor oferta y mayores precios. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) aseguró en septiembre que los propietarios, en los nuevos contratos, están subiendo el precio del alquiler como respuesta el tope del 2% fijado por el Gobierno para la actualización de las rentas, en un intento de no perder poder adquisitivo a futuro.

“Si alguien quiere saber cuáles van a ser las consecuencias de esta medida en 2023, no tiene más que ver lo que ha sucedido este año desde que está en vigor esta limitación del 2 %: subida de precios, menos oferta y más requisitos para los inquilinos para alquilar”, sintetiza el director general de ANA, José Ramón Zurdo.

Medidas definitivas

Entretanto, los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona volvieron ayer a exigir al Ejecutivo una regulación de los alquileres más allá de medidas coyunturales para hacer frente a la inflación y defendieron que “es urgente que los precios se congelen y los contratos de alquiler puedan prorrogarse obligatoriamente para evitar el desahucio de miles de hogares inquilinos”.

La limitación de la subida de los alquileres al 2% en los contratos que se renueven afecta desde el pasado marzo como tope obligatorio a los grandes tenedores (propietarios de diez o más viviendas), mientras para el resto se aplica cuando no hay otro acuerdo entre las partes. La medida está dirigida a proteger a los inquilinos del aumento desbocado de la inflación. Para ello, establece que los contratos a los que corresponda su revisión anual no se revalorizarán en función del IPC, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado en 2013 con un suelo del 0 % y un techo del 2%. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya remite a ese índice para la actualización de rentas, pero en la práctica la inmensa mayoría de los arrendamientos se revalorizan con el IPC.