De la nueva PAC a la inseguridad jurídica y la subida de costes, el año más duro para el campo

A la espera de las decisiones del Gobierno sobre las medidas que aprobará para abaratar la cesta de la compra, se puede dar por cerrado 2022 a efectos de política agraria. El año que está a punto de terminar ha sido muy intenso y se ha caracterizado por cinco hechos fundamentales: la aprobación del Plan Estratégico Nacional de la PAC, con los ecoesquemas como elemento más novedoso; la inseguridad jurídica creada por la aplicación de la nueva normativa; las circunstancias climatológicas como la sequía y las altas temperaturas que han provocado recortes de cosechas y producción; los elevados precios en origen que se han registrado en algunos productos como los cereales, el aceite de oliva, el vacuno de carne, los pollos o los huevos; por último, el incremento de los costes de producción, que se han disparado debido a la confluencia de diversos factores y especialmente la guerra en Ucrania, con importantes alzas en fertilizantes, energía, piensos y productos fitosanitarios.

El cierre de la nueva PAC, que comenzará a aplicarse formalmente dentro de una semana ha sido uno de los hechos determinantes de 2022, tanto en Bruselas como en Madrid. En la capital comunitaria, la Comisión Europea ha dado el visto bueno a los Planes Estratégicos remitidos por los Estados miembros. El de España fue uno de los primeros en presentarse y, según declaraciones del propio comisario de Agricultura, su ambición medioambiental supera las exigencias del acuerdo alcanzado en su día por el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo.

Mientras tanto, en España, Luis Planas fue incapaz de alcanzar un consenso con las Comunidades Autónomas y remitió a la Comisión «su» Plan Estratégico sin llegar a someterlo a votación en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Por otro lado, tampoco pactó este documento con los representantes de las organizaciones agrarias.

Otro de los hechos que ha caracterizado este año ha sido la inseguridad jurídica. A fecha de hoy, los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas de la PAC no conocen la mayor parte de las reglas del juego que deberán respetar: la Ley de Gestión de la PAC no se aprobó de forma definitiva hasta hace diez días y todavía no se han publicado la mayor parte de los Reales Decretos que la desarrollan, cuando quedan seis días para su entrada en vigor.

Sin embargo, con ser esto grave, lo es todavía más si se tiene en cuenta que una parte de los beneficiarios de esas ayudas directas ha debido tomar en octubre y noviembre sus decisiones de siembra, que ya se veían afectadas por la nueva normativa sin conocer las normas que debían cumplir. Esta situación continuará el año que viene. Un ejemplo: los agricultores y ganaderos tardarán mucho en saber cuánto dinero cobrarán de forma efectiva si se acogen a un ecoesquema.