TIC

3.500 millones de inversión TIC, en peligro por el cambio de criterio de Hacienda con las deducciones fiscales

El sector tecnológico denuncia persecución tributaria, recorte de las deducciones fiscales e inseguridad jurídica por su choque con Ciencia

Varios empleados trabajan en una oficina de la Agencia Tributaria
Varios empleados trabajan en una oficina de la Agencia Tributaria Marta Fernández Jara Europa Press

«Persecución». «Mala fe». «Inseguridad jurídica». «Afán recaudatorio desmedido»... Estas son solo algunas de las afirmaciones con las que muchas empresas tecnológicas y de innovación están calificando las actuaciones de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre las deducciones que estas compañías ejecutan sobre los gastos que les producen sus proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), y que hasta ahora gozaban sin problemas de ventajas fiscales. Según denuncian, los inspectores tributarios las están rechazando de forma generalizada, lo que está provocando un conflicto de intereses y un choque de criterios y de competencias con el Ministerio de Ciencia, además de un freno a las inversiones, que ponen en peligro 3.500 millones de euros en el sector.

La discrepancia tiene que ver con que el departamento que dirige Diana Morant es el que da el visto bueno a los proyectos vinculados al sector TIC que se ponen en marcha, y dentro de este beneplácito se incluye la autorización para atribuirse esas deducciones fiscales en base a un real decreto con fecha 2003, que les da soporte. Desde ese año y hasta 2014, las inversiones contaban con el plácet de Ciencia y en la AEAT se limitaban a admitirlos sin trabas. Pero a partir ese año hubo un cambio de criterio y «comenzaron los problemas. Se empezaron a bloquear y a eliminar estas deducciones y a arbitrar en contra del criterio de Ciencia», aseguran desde la Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (Afidi).

Esto ha provocado una gran inseguridad jurídica, que llevó a varias de estas empresas a acudir a los tribunales para reclamar que se mantuvieran estas deducciones porque con su retirada «se cuestionaba todo el proyecto y se ponía en peligro incluso su viabilidad», inciden desde Afidi, máxime cuando las empresas, además del aval ministerial de Ciencia, cuentan con un Informe Motivado Vinculante (IMV) firmado por organismos certificadores, que califican las actividades del proyecto, detallando el gasto y el presupuesto para poder beneficiarse de las ventajas fiscales. Es en este informe en el que se explicita si deben adscribirse a actividades de investigación y desarrollo –que tendrían un beneficio tributario del 25%– o innovación tecnológica –que tendrían el 12%–.

Sin embargo, esto ya no es válido según el criterio de la Agencia, que ha multiplicado las inspecciones en este apartado, rechazando de oficio estos gastos y poniendo en peligro muchos de estos proyectos. De ahí que las empresas hayan recurrido a los tribunales que, hasta ahora, habían sentenciado a su favor. Así, la primera sentencia data del año de 2016, en la que el propio Tribunal Supremo dejó claro en sus conclusiones que el Ministerio de Ciencia «debe y puede pronunciarse» sobre estas deducciones. Dos resoluciones posteriores, de 2019 y 2021, pero esta vez de la Audiencia Nacional, fijaron el mismo criterio y otorgaron de nuevo a Ciencia capacidad decisoria sobre la fiscalidad de los proyectos.

Pero no lo ven así desde la otra orilla. Fuentes del Ministerio de Hacienda negaron a LA RAZÓN que se esté desarrollando una campaña especial para acabar con este tipo de beneficios fiscales. «No hay problema con los informes de Ciencia sobre las deducciones en I+D+i. Lo que ocurre en algunas ocasiones es que la Agencia Tributaria detecta que algunas empresas no aplican correctamente esa deducción, ya que los proyectos de innovación tienen varias fases y no todo lo que se hace en ellas es deducible». De este modo, Hacienda entiende que el problema no está en la propia deducción en sí, sino «en cómo aplican algunas empresas esas deducciones. En cualquier caso, no hay una estimación del importe de estas deducciones».

Sin embargo, las empresas denuncian que se encuentran entre dos frentes ministeriales con diferentes criterios, en un grave de conflicto de competencias entre ellos que pueden retraer la inversión si no se clarifica esta situación. Las mismas fuentes tributarias desmienten «categóricamente» que exista este conflicto de competencias. Afirman que «los certificados que otorga Ciencia no acreditan los importes deducibles o de la base de deducción, sino que solo es la Agencia Tributaria la que puede acreditarlo. Pero eso no quiere decir que sus actuaciones sean contrarias a las suyas, simplemente es que ese Ministerio no puede certificar esa parte porque es una competencia fiscal exclusiva de la Agencia Tributaria».

Hasta ahora, la Justicia había dado la razón a las empresas en contra del criterio de Hacienda, autorizando que esos gastos son enteramente deducibles. Pero eso cambiado esta misma semana, tras el cambio de criterio efectuado por la Audiencia Nacional, por el que ahora estos gastos tienen más complicación para ser reconocidos como deducibles, al establecer hasta tres sentencias en las que se desautoriza su aplicación y da la razón a la AEAT. «No sé a qué se ha debido este cambio de criterio, pero puede marcar un antes y un después a muchos proyectos, cuyos inversores se pueden echar atrás si no cuentan con esas deducciones fiscales», explica Víctor Cruz, presidente de Afidi, que critica la «inseguridad jurídica en la que se mueven ahora mismo todos los proyectos TIC».

El propio Gobierno ha calificado el sector tecnológico como «clave» para el cambio estructural y digital que quiere llevar a cabo en la economía. Por esta razón, las empresas que invierten en este sector no entienden la inseguridad jurídica creada entre los ministerios de Hacienda y de Ciencia. «Si de verdad se quiere transformar al país a nivel sectorial y apostar por la digitalización, la palanca principal para llevarlo a cabo es la inversión, pero si se coarta, se colocan trabas y se ponen en duda los gastos deducibles las consecuencias pueden ser inmediatas», reitera Cruz.

Entre estas consecuencias caben la propia deslocalización de empresas hacia territorios más favorables para la inversión fuera de nuestro país, lo que provocaría un impacto directo negativo sobre el empleo, pero también sobre el crecimiento y los propios objetivos del Gobierno hacia la digitalización. También los parámetros de inversión en tecnologías TIC se desplomarían sobre el PIB, ya que las trabas fiscales desincentivarían los proyectos que se vayan a poner en marcha en el futuro.

Al menos una luz de esperanza se ha abierto en el horizonte de estas empresas tras la adenda presentada por el Ejecutivo en el Plan de Recuperación y publicada esta semana, para destinar 2.000 millones en bonificaciones fiscales para las empresas en el impuesto de Sociedades a través del Fondo de Reforma Fiscal, que tiene como objetivo es «promover deducciones tributarias para el fomento de la inversión corporativa en I+D en sectores estratégicos para la economía del país», explicaron fuentes gubernamentales. Pretende el Gobierno evitar la caída de la inversión por culpa del enfriamiento económico que ya se atisba y «mantener elevada la inversión productiva».

Para Cruz, este «es un paso adelante importante, que va fortalecer la I+D+i», pero advierte de que esto puede no ser suficiente si desde la Agencia Tributaria «continúan negando estas deducciones». Y no le falta razón. España se encuentra en el furgón de cola ocupa de las inversiones en este campo, ocupando el puesto 16 de la UE, con apenas el 1,43% del PIB en inversiones en innovación en 2021 -poco más de 8.000 millones en el sector privado-, solo dos décimas más que en el año anterior y a años luz de países como Bélgica (3,4%) o Alemania (3,1%).