La Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (Airef) se ha cansado de ser continuamente utilizada por el aparato del Estado, que ha multiplicado sus encargos y peticiones de opinión adicionales a esta institución, que el Gobierno de Pedro Sánchez reclama a través de decretos leyes. Una situación que su presidenta, Cristina Herrero, ha calificado como un ataque "a nuestra autonomía de gestión y a nuestra propia independencia", tras recibir una nueva petición de análisis de las pensiones y otra con la ley de startups. "Nos preguntamos para qué se utilizan estas consultas. Creo que hay que parar esta deriva, no puede ser que un real decreto trastoque el funcionamiento y la independencia de la institución", ha denunciado. Por ello, ha planteado una consulta a la Abogacía del Estado para que "nos aclare en qué situación estamos y que limite los encargos adicionales que nos hacen".

Durante la rueda de prensa para presentar su opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Herrero ha cargado contra las injerencias del Gobierno en la institución fiscalizadora y ha a la Abogacía del Estado que aclare la terminología utilizada en las exigencias del Ejecutivo y que les permita autonomía para ser "más restrictivos" con que "se pueda imponer por ley o decreto informes adicionales. Este tipo de medidas atenta contra nuestra independencia y autonomía", ha vuelto a remarcar Herrero, tras haber recibido el encargo de hacer otros examen de las pensiones. "No tiene sentido. Con los datos disponibles, no va a variar nuestros resultados respecto al último informe presentado. No se entiende, Es que no va a cambiar nada ya que el diagnóstico es el mismo".

El Gobierno ha planteado vía real decreto que la Airef elabore un informe adicional sobre la reforma de las pensiones antes del 1 de junio de 2026 que tenga en cuenta, entre otros aspectos, los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años. "Las opiniones son voluntarias y no se pueden imponer", ha recordado Herrero, que ha añadido que los informes son los establecidos por ley "ni uno más ni uno menos", además de incidir en que es el propio organismo la que debe "determinar el método y el calendario para utilizar los recursos de los que disponemos".

Herrero ha exigido al Gobierno que "se limite muy y mucho lo que la tenga que evaluar, que no debe ser otra cosa que lo recogido en la ley" y en sus estatutos, "nada más y nada menos", ha zanjado Herrero, que ha recordado que cada informe tiene un coste "que debe ajustarse al presupuesto del que disponemos". También ha defendido que "las opiniones son voluntarias y por eso no nos las pueden imponer con una ley. Por eso, pedimos que nos aclaren si debemos evaluar algo más que nos impongan".