Anticorrupción pide cuatro años de cárcel a la ex cúpula de la CAM por su «sinvergonzonería»

La Fiscalía Anticorrupción mantuvo ayer su petición de cuatro y dos años y medio de prisión para los ex directivos de la CAM Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés, respectivamente, por la «sinvergonzonería» que cometieron al adjudicar dietas a los miembros de una participada de la caja «por no hacer nada». Así lo expuso el fiscal Luis Rodríguez Sol durante la quinta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra ambos ex directivos, a los que reclama además que se los condene a indemnizar bien al Banco Sabadell –entidad a la que fue adjudicada la CAM por un euro tras su intervención– o bien a su participada –Tenedora de Inversiones (TI)– en la cantidad de 1.494.029,99 euros.

El fiscal acusa a López Abad y al fallecido presidente Vicente Sala de haber incurrido en un fraude de ley al haber creado una comisión de control en esta última sociedad, participada al 100% por la CAM, para adjudicar a sus miembros –que eran los mismos de la comisión de control de la caja, incluido el propio Avilés, que la presidía– unas dietas que no les correspondían.

«No se trabajaba nada entre reunión y reunión, tenían un enorme grado de desconocimiento», subrayó el representante de Anticorrupción en declaraciones recogidas por Efe. Puesto que «no tenían ninguna responsabilidad ni derecho a cobrar absolutamente nada, pedimos algo tan razonable como que devuelvan lo que recibieron y que no tenían ningún derecho a cobrar», añadió sobre los 18 miembros de esa comisión de control de TI, a los que considera partícipes a título lucrativo y por ello cree que deben afrontar la cantidad de forma solidaria con los acusados.

El organismo en TI se creó en 2005 y estuvo activo hasta 2011, periodo en el que se cobraron dietas, incrementadas de manera sucesiva hasta multiplicarse por 150, de entre 9.000 euros y los 308.000 que se desembolsó el propio Avilés. Además, el fiscal se refirió a los préstamos que recibió de manera presuntamente irregular una sociedad vinculada a Avilés, que controlaba mediante firmas interpuestas y varios familiares por valor de casi 17 millones. Para eludir los controles, simuló un traspaso de acciones a su hermana, que ingresó 90.000 euros en una cuenta que le había dado la esposa del acusado para evitar un impago que le hubiera obligado a abandonar su cargo.