Anulan un contrato de Defensa de 18 millones adjudicado usando la terminación de un premio de la Lotería

La Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, dependiente del Ministerio de Defensa, adjudicó un contrato de 18 millones de euros resuelto de acuerdo a la terminación del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, celebrado el pasado 9 de diciembre, según figura en el portal de contratación del Estado. Ahora, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha anulado dicha adjudicación.

En concreto, la resolución del tribunal, tal y como ha adelantado "Newtral", ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la unión temporal de empresas (UTE) -conformada por Defensa y Logística Aplicada y Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas para Defensa (MISD)- contra la adjudicación del acuerdo marco para la adquisición de repuestos de los vehículos de la familia BMR/VEC del Ejército de Tierra, que fue a parar en un primer momento a Maxim Invest Solutions.

En este sentido, el TARC ha decidido "anular el acto recurrido y ordenar la retroacción del procedimiento a efectos de que se acuerde la exclusión de la adjudicataria (Maxim Invest Solutions) por no reunir los requisitos de aptitud para contratar exigidos por los pliegos (del acuerdo marco)". Asimismo, se ha levantado la suspensión del procedimiento de licitación que fue dictaminado a mediados del pasado mes de febrero.

El objeto del contrato, dividido en dos lotes y adjudicado el pasado 25 de enero a la empresa Maxim Invest Solutions, es la adquisición de repuestos para distintos tipos de vehículos blindados del Ejército de Tierra y al mismo se presentaron cinco ofertas. Así, además de la de Maxim Invest Solutions, también se aceptaron las ofertas planteadas por Madzeal, Integración Tecnológica Empresarial, Casli y la unión temporal de empresas (UTE) entre Defensa y Logística Aplicada y MISD.

En un primer momento todas las ofertas presentadas obtuvieron la máxima puntuación, en base a lo recogido en la documentación que figura en el portal de contratación del Estado, por lo que, como criterio de desempate, se decidió dar preferencia a la empresa que tuviese en su plantilla el mayor porcentaje de personal fijo con discapacidad. De este modo, Maxim Invest Solutions y la UTE entre Defensa y Logística Aplicada y MISD "acreditaron" tener un 100% de trabajadores fijos con discapacidad, mientras que Madzeal aseguró tener un 8,3%, Integración Tecnológica Empresarial, un 5,38%; y Casli, un 2,04%.

Al volver a producirse un empate entre Maxim Invest Solutions y la mencionada UTE, la mesa de contratación acordó que "la propuesta de adjudicación recaerá en función de la terminación par o impar del número que se corresponda con el primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 09/12/2023". Tal y como recoge el documento de la resolución de la adjudicación, "a la empresa UTE DLA-MISD se le asigna la terminación impar (1, 3, 5, 7, 9), de manera que si el último número del primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 09/12/2023 fuese impar se le propondría como adjudicataria. A la empresa Maxim (Invest Solutions), se le asigna la terminación par (0, 2, 4, 6, 8), de manera que si el último número del primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 09/12/2023 fuese par, se le propondría como adjudicataria".

El primer premio de la Lotería Nacional del sábado 9 de diciembre de 2023 terminó en 0 (61.160) y Maxim Invest Solutions fue la adjudicataria del contrato. Sin embargo, después de que medios de comunicación como "Newtral" o "infodefensa.com" se hiciesen eco del modo de resolver el procedimiento y de otras circunstancias que concurren en esta licitación, la tramitación de la adjudicación fue suspendida a mediados del pasado febrero.

Según la comunicación publicada en el portal de contratación el pasado 16 de febrero, "se ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación al expediente [...] cuyo objeto es 'adquisición de repuestos para la familia BMR/VEC del Ejército de Tierra'. Que, por mandato del art. 53 LCSP, su tramitación se suspende a la fecha de este escrito, puesto que el acto recurrido es la adjudicación. Queda en esta situación hasta su levantamiento por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales".

Recurso

En el recurso interpuesto por la UTE Defensa y Logística Aplicada y MISD se indica queMaxim Invest Solutions fue constituida el 16 de marzo de 2023 y que "carece de empleados hasta tres días antes del fin del plazo de presentación de ofertas".

Por su parte, el recurrente argumentó que "por el contrario, las sociedades que integran la UTE, Defensa y Logística Aplicada tiene un empleado de alta del 24 de marzo al 3 de octubre de 2023, el cual es sustituido por otro trabajador con discapacidad y tiene otro empleado discapacitado desde el 24 de julio de 2023, y Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas para la Defensa tiene un trabajador discapacitado desde el 15 de junio de 2022".

Al margen de eso, la UTE recurrente alegaba que Maxim Invest Solutions tampoco tenía capacidad para ejecutar el contrato y debía haber sido excluida de la adjudicación debido a que el objeto social de la compañía era el de compraventa de bienes inmobiliarios y "solo el 27 de septiembre de 2023 (12 días después de iniciarse el plazo de presentación de ofertas), se adquiere la sociedad por un tercero y cambia el objeto social a la actividad principal de consultoría de gestión empresarial y de forma secundaria a la compraventa de recambios de la industria de defensa". Además, la UTE recurrente pretendía que le fuese adjudicado el contrato, si bien la resolución del TARC indica que esa pretensión excede su ámbito de competencia.

Empresas y directivos multados por la CNMC

Al margen del criterio utilizado para adjudicar la licitación, el administrador de Maxim Invest Solutions, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) del 13 de octubre de 2023, es Antonio Molina Baltanas, que fue multado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 25 de julio con un total de 34.000 euros por su participación en un cártel para repartirse licitaciones del Ministerio de Defensa.

En ese proceso sancionador la CNMC multó a un total de cuatro empresas y seis directivos, y entre las cuatro compañías figuraba Casli, que fue sancionada con 100.000 euros. En ese sentido, la oferta de Casli fue una de las aceptadas en el contrato para la adquisición de repuestos para distintos tipos de vehículos blindados del Ejército de Tierra y que obtuvo la puntuación máxima en la primera ronda de valoración.

El pasado 25 de julio, cuando comunicó la sanción a cuatro empresas y seis directivos por el cártel para repartirse licitaciones del Ministerio de Defensa, el regulador destacó que "la CNMC considera que corresponde aplicar a las empresas la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)".

Asimismo, el regulador agregó que "sin embargo, valora positivamente algunos de los programas de cumplimiento normativo que han presentado las empresas sancionadas, y les ha pedido revisarlos dentro de seis meses. Si la CNMC considera que las empresas siguen teniendo la voluntad de cumplimiento y promoción de la cultura de defensa de la competencia, propondrá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que tenga en cuenta sus programas a los efectos del artículo 72.5 LCSP".

Por otro lado, entre los directivos sancionados por la CNMC en julio del año pasado también figuran Sergio Hernando Moreno (60.000 euros en total) y Óscar Agudo Sánchez (45.000 euros), los cuales son directivos de Defensa y Logística Aplicada, la empresa en UTE con MISD que llegó al proceso de desempate mediante el número de la Lotería Nacional.