Cuentas bancarias que mueven más de 200 millones de euros en un mes rastreadas, localizadas y alguna de ellas con los activos congelados por la justicia belga. Sedes de embajadas, de colegios como el londinense Vicente Cañada Blanch, desde el que se ha enseñado español en el corazón de Notting Hill a miles de estudiantes, oficinas comerciales, inmuebles...

España cuenta con 19.000 organismos públicos susceptibles de ver sus bienes embargados por los litigios renovables que se arrastran.

Los rastreadores contratados por los acreedores lo tienen mucho más fácil que en otros pleitos internacionales al tratarse de un país con una actividad comercial fluida y transparente, como reconocen los equipos legales que trabajan para las firmas perjudicadas por la retirada de primas a las renovables.

"Levo unos 15 años dedicada a la localización de activos e investigaciones y desde 2021 colaboro con distintos acreedores de Españas equipos jurídicos de todo el mundo para identificar activos españoles y reunir pruebas que respalden las acciones de ejecución. Así, cuando tenemos una sentencia firme, podemos comenzar a embargar los activos. Ahora mismo Estados Unidos es una pieza crucial para nosotros. El Gobierno español realiza muchas operaciones en dólares y con empresas estadounidenses, así que su presencia en Estados Unidos es muy notable. Por eso nuestro trabajo se centra especialmente en apoyar las sentencias que se están dictando en Washington D. C. y tal vez en su reconocimiento en Nueva York, Florida y otros grandes estados donde España tiene exposición" , explica Ashley Messick.

"Estoy acostumbrada a perseguir los activos de estafadores, actores corruptos o países gobernados por dictadores, como Venezuela o Rusia, sancionados y aislados de la comunidad internacional. Eso hace mi trabajo muy difícil. Perseguir activos de Venezuela es extremadamente complejo: se han retirado casi por completo, no tienen apenas activos tangibles en jurisdicciones de fácil ejecución y no operan en dólares. Lo mismo ocurre con Rusia e Irán. Este es el primer caso en el que trabajo contra un país que no es un villano tradicional y donde hay abundancia de activos", añade Messick.

"España, a diferencia de Rusia o Congo-Brazaville, tiene una economía fuerte, profundamente conectada con otras economías occidentales. Entidades como la SEPI y sus empresas presentan registros muy transparentes sobre sus activos, sus participaciones y su actividad comercial. Para mí, la investigación ha sido casi lo contrario a lo que suelo hacer: normalmente tengo que rastrear para encontrar activos; en España, hay muchísimos activos sobre los que actuar", prosigue.

El palo y la zanahoria

Aunque los acreedores insisten en tender la mano al Gobierno para solucionar los litigios y han ofrecido reinvertir el capital que se abone en compensación en "bonos verdes", lo que mantendría el dinero en España y en proyectos de energía renovable, mantiene el "palo" listo por si falla la "zanahoria".

En este sentido, los abogados que representan a los acreedores advierten de que el retraso en pagar los laudos solo empeora las cosas para España. "La deuda crece cada día. Se acumulan intereses. Se gastan decenas de millones en abogados en todo el mundo", indica Matthew McGill, uno de los "arquitectos" de la estrategia jurídica por los impagos a las renovables.

En conflicto daña, además, la reputación de España como destino de inversión extranjera al aparecer alineada con esos países villanos que incumplen las leyes de inversión.

Los rastreadores hacen primero una evaluación global de activos. "Mi especialidad es localizar activos: dónde están, cómo se poseen, si el Estado los controla directa o indirectamente, si hay obstáculos legales, si están protegidos por inmunidad soberana, como embajadas o aviones militares. Después analizo su valor, tanto monetario como de impacto para el país", subraya Messick, quien detalla que la estrategia puede variar. "Con Ecuador, por ejemplo, fuimos tras sus pagos de bonos soberanos y prácticamente los empujamos al impago, como táctica disruptiva más que como forma de cobro directo".

Los pleitos en Reino Unido y Bélgica se han ampliado a EE. UU y Australia, aunque los acreedores quieren evitar un proceso largo de embargos de edificios, entidades estatales, cuentas bancarias, barcos comerciales y otros activos.

Aunque no hay una cifra exacta, ya que los flujos monetarios en cuentas vinculadas a organismos dependientes del Estado español en el exterior fluctúan, entre el stock de activos identificados, de unos 1.500 millones, y los fondos, hay activos localizados por unos 2.000 millones.