Autopistas: El Estado perderá 1.720 millones al año si elimina los peajes

Es lo que le aportan el retorno fiscal y el ahorro en inversión y conservación. Fomento no ha decidido qué hará con las concesiones que vencen desde 2018.

Levantar las barreras de forma definitiva o volver a licitar las concesiones de las autopistas de peaje que vencen en los próximos tres años. En los despachos del Ministerio de Fomento se habrá de tomar en los próximos meses una decisión que resultará trascendental para el futuro del sector concesional español. Como ya ha dicho en varias ocasiones el titular del departamento, Íñigo de la Serna, la única decisión que hay de momento tomada es la de no prorrogar el plazo de las concesiones de las cinco autopistas que vencerán de forma inminente, entre 2018 y 2021: la AP-1 Burgos-Armiñón, la AP-7 Tarragona-Alicante, la AP-4 Sevilla-Cádiz, dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

A partir de ahí, todas las posibilidades están abiertas. El Ministerio de Fomento es el que tiene la última palabra y no ha tomado todavía una decisión al respecto.

En la balanza de pros y contras podría pesar con fuerza el aspecto económico. Según cálculos de Seopan, la patronal de las constructoras y de las concesionarias, los 3.307 kilómetros de autopistas de peaje tienen un impacto anual de 1.720 millones de euros en las arcas estatales entre el retorno fiscal –pago de impuestos–, ahorro de inversión pública y ahorro en gastos de conservación. Sólo eliminar los peajes en las autopistas cuya concesión vence en los próximos tres ejercicios supondría un coste anual de 450 millones de euros al año, según los cálculos de Seopan.

Importantes ingresos

Aunque España posee la red de vías de gran capacidad más extensa de Europa, con 16.538 kilómetros, sólo 3.026 de ellos tienen peaje, según la patronal continental del sector (Asecap). En comparación, Portugal tiene peaje en el 100% de su red, Italia en el 85% y Francia en el 79%. Los ingresos que proporcionan a sus respectivos estados son de 978 millones de euros en el caso portugués, 5.733 millones en el italiano y 9.600 millones de euros en el caso francés.

El sector no comprende que, a la vista de tales cifras, España sea tan reticente a la extensión de los peajes próximos a su vencimiento y que incluso se esté planteando eliminar los existentes. Sobre todo, teniendo en cuenta que todavía no se ha logrado cuadrar el déficit público. La esperanza de las concesionarias es que, como mínimo, el Gobierno relicite las vías que están próximas a vencer. Se trataría de una operación menos costosa para los usuarios de lo que algunos piensan, según estas compañías. Al tratarse de carreteras construidas hace ya muchos años cuyos costes por este motivo ya han sido amortizados con los peajes pagados hasta ahora, sería posible volver a licitarlas con los denominados peajes blandos. Se trataría de cánones más baratos que los actuales puesto que su cometido sería sufragar sólo los gastos de conservación, argumentan.

Pese a los repetidos lamentos del sector, la generalización de los peajes en vías de gran capacidad es una alternativa que, en este momento, está completamente descartada. El Gobierno no se plantea la implantación de la denominada euroviñeta que propugna la Unión Europa, tal y como dejó claro el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la entrevista publicada por LA RAZÓN el pasado 18 de junio. El Ministerio de Fomento cree que existen alternativas para lograr los ingresos que necesitan las carreteras para su conservación, como el plan de colaboración público-privado presentado el pasado viernes en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Fondos liberados

El Ejecutivo argumenta que con esta iniciativa, se liberan fondos que podrían destinarse a la conservación. Aunque el Estado será el dueño de las infraestructuras que se construyan, el dinero para construirlas, 5.000 millones de euros, lo adelantarán las empresas. Después, lo recuperarán en un periodo de 30 años a través de un canon anual que saldrá de los presupuestos. Al fraccionar el pago, Fomento libera recursos cada ejercicio de la partida de carreteras que puede emplear para mantenimiento o, incluso, construcción de vías, según explica el departamento que dirige Íñigo de la Serna.

Pero más allá de la conveniencia económica, a nadie en el sector se le escapa que una de las principales razones que ha frenado a todos los Gobiernos para tomar la decisión de generalizar los peajes es el alto coste político que tendría implantar una medida tan impopular en un país en que la cultura del pago por uso no tiene raigambre alguna. Un coste al que no son ajenos los ejecutivos autonómicos. Andalucía o Cataluña están presionando para que la supresión de los peajes sea definitiva. Este mismo fin de semana, el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha ido más allá y ha exigido a De la Serna que el peaje de la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz se elimine ya mismo, dos años antes de que venza el contrato de su concesión. «Solicitamos que ese peaje sea eliminado de inmediato y no esperar a dos años más para evitar el coste que tienen que soportar los miles de usuarios de una infraestructura que está de sobra amortizada después de más de cuatro décadas de explotación», apostilló.

López aseguró que la Junta «viene realizando desde el año 2005 un importante esfuerzo económico para aminorar el coste del peaje y rebajar así la injusta carga que han de soportar los usuarios de la autopista, asumiendo los gastos derivado del levantamiento del peaje en el tramo comprendido entre Jerez de la Frontera y Puerto Real (Cádiz), que supondrá una cuantía total superior a los 100 millones de euros aportados por el Gobierno andaluz cuando se acabe la concesión en 2019».

Radiales quebradas

Las únicas vías que mantendrán seguras sus barreras serán las nueve radiales quebradas que encaran la fase final de sus respectivos concursos de acreedores. Como ya ha anunciado Fomento, su intención es agruparlas por lotes y volver a licitarlas inmediatamente después de que su titularidad revierta al Estado una vez concluyan sus procesos judiciales y sean liquidadas. El objetivo de esta medida es lograr cuanto antes fondos con los que amortiguar la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Se trata de una indemnización que deben recibir las concesionarias de las autopistas por la resolución anticipada del contrato de concesión para abonarlas los trabajos realizados y que esperaban cobrar mediante los peajes.

Fomento espera que los procesos judiciales en que están inmersas las concesiones comiencen a resolverse el año próximo y que sea entonces cuando el Estado asuma la gestión de las vías y las relicite a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa).