Aviso del Banco de España a la transición verde: puede provocar más inflación, cuellos de botella e impacto en el empleo

El paso hacia una transición ecológica es necesaria pero entraña peligros en impacto económico, y no del todo positivo. El Banco de España considera que el impulso de las energías renovables puede suponer una gran oportunidad para España en su condición de segundo país de la UE en potencial de producción eólica y primero de energía solar, pero también entraña riesgos de que se produzcan "tensiones en los precios" de las materias primas, "cuellos de botella" en la distribución "variaciones acusadas" en el mercado de trabajo, que puede traducirse en un aumento del paro. Así lo determina en su informe 'España y la UE frente a la crisis energética: ajuste a corto plazo y retos pendientes', del Capítulo 4 del Informe Anual, en el que el banco emisor prevé que la transición energética provocará "un incremento sustancial de la demanda de algunas materias primas muy específicas", lo que podría ocasionar tensiones en los precios, exceso de demanda y problemas de suministro y generar "nuevas dependencias externas para la UE".

También advierte de que la transición hacia una economía más verde y sostenible puede provocar "cambios muy marcados en la demanda laboral", y pronostica que será preciso el desarrollo de mejores infraestructuras de interconexión energética entre los Estados miembros de la UE, que ahora mismo "aún son incompletas" y "muy desiguales entre Estados" y recuerda que la integración del mercado de gas natural a escala europea se encuentra "limitada por las infraestructuras existentes". En este sentido, alerta de la existencia de diferencias muy significativas en el proceso de "traslación de los cambios de los precios mayoristas de la electricidad a los precios minoristas" y que "una proporción considerable de los precios energéticos pagados por los consumidores son impuestos y otros conceptos regulados", cuyo peso difiere de manera apreciable entre las distintas economías europeas.

Aunque aboga por avanzar -e incluso acelerar- el proceso de transición ecológica europea, advierte de "grandes desafíos tecnológicos", posibles "nuevas dependencias externas" y "retos para el mercado laboral", por lo que la UE pide el despliegue masivo de fuentes de energías renovables, mejoras adicionales en materia de eficiencia energética y un mayor desarrollo de las infraestructuras de interconexión energética dentro de la UE. Todo ello supondrá considerables desafíos, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, dado que algunas de las tecnologías verdes se encuentran actualmente en una fase de desarrollo inicial o tienen "un coste que aún no resulta competitivo", como las baterías, el hidrógeno verde y los sistemas de captura, utilización y almacenamiento de carbono.

No detienen ahí sus advertencias del supervisor bancario. Aunque el informe elogia la capacidad de los países de la UE para ajustarse a las necesidades energéticas provocadas por la guerra de Ucrania, pero apunta que la situación puede empeorar y "revertirse en los próximos trimestres", ya que aunque el consumo siga reduciéndose, "sería a costa de una pérdida significativa, y posiblemente estructural, en su tejido industrial". También el precio de la energía, cuyos futuros apuntan a una subida del precio del gas en la segunda mitad del año. Con todo, a medio y largo plazo, el desarrollo de las renovables, cada vez más competitivas, sí hace prever un abaratamiento de la energía. También reconoce que la transición ecológica tendrá efectos inflacionistas al tratar de desincentivar el empleo de los combustibles fósiles, que hasta antes de la invasión rusa en Ucrania seguían suponiendo casi tres cuartas partes del consumo de energía de los Veintisiete.

El Banco de España hace un alto en este contexto inflacionista, para explicar que la exposición de las familias españolas al encarecimiento de la energía es especialmente acusado entre los hogares de rentas más bajas, e indica que "la capacidad de los hogares para adaptar su demanda energética a corto plazo ha sido relativamente limitada", tanto históricamente como en la coyuntura actual. Según detalla, las medidas adoptadas por el Gobierno para apoyar a hogares y empresas frente a los efectos de la crisis energética tuvieron en 2022 un impacto positivo sobre la tasa de crecimiento del PIB de 1,1 puntos porcentuales, y redujeron la inflación en 2,3 puntos porcentuales. Sin embargo, 2,8 millones de hogares españoles, que suponen el 15% del total y se concentran en la parte baja de la distribución de la renta, afrontan un coste por gasto energético desproporcionadamente elevado.

A tenor de sus datos, uno de cada siete hogares en España tiene que hacer frente a esta situación, una cifra que, no obstante, es menor que en países como Francia, Alemania o Italia, donde están más cerca del 20%, debido, en parte, a las peculiaridades climáticas. A partir de la Encuesta Financiera de las Familias 2020, realizada por el organismo, el documento presta atención a la ayuda de 200 euros para las familias con menos recursos, aprobada por el Ejecutivo, y calcula que podría beneficiar aproximadamente a 3,6 millones de hogares españoles, la mitad de los situados en el 40 % inferior de la distribución de renta. De ese total, 1,2 millones, es decir, un tercio, tendrían un gasto energético desproporcionado.