El Banco de España "cierra" el 'caso Popular': la ampliación de capital de 2012 "fue un éxito"

La operación de ampliación de capital del Banco Popular llevada a cabo en 2012 "fue un éxito" y supuso "una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas" de la entidad "fruto de sus decisiones privadas de inversión". Con esta contundencia, los peritos del Banco de España han presentado su informe del caso al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa abierta en junio del pasado año para investigar la operación.

En sus conclusiones -a lo largo de 210 páginas-, los inspectores del supervisor, Jaime Cidoncha y Juan Francisco Castro, analizan en su revisión de la documentación disponible los activos adjudicados del banco, la adquisición del Banco Pastor, los recursos propios, el folleto de emisión de la ampliación de capital y si hubo o no perjuicio para los inversores por parte de los investigados Ángel Ron, ex presidente del Banco Popular; Roberto Higuera, ex vicepresidente de la entidad, y José María Sanz Oliva, auditor de PwC que revisó las cuentas de 2012 del banco. Según detallan en su auto pericial, el motivo de ampliar capital "tuvo directa relación con el resultado de las pruebas de estrés y con la decisión de cumplir con los requerimientos de solvencia exigidos, evitando así recibir ayudas públicas, lo cual hubiera supuesto, probablemente, la pérdida de la total independencia del banco". Por ello, apuntan que "dado el elevado importe a cubrir y la urgencia por hacerlo, fruto de los plazos impuestos por el Banco de España, los órganos de administración" del Popular "se decantaron por realizar una ampliación de capital al considerarse la opción con más probabilidades de éxito de entre todas las disponibles".

El informe también encuentra justificación en que la decisión final de ampliar capital se tomó en una Junta General de Accionistas Extraordinaria convocada al efecto, "con el respaldo de la inmensa mayoría de los socios presentes", además de que el proceso de decisión incluyó "un buen número de reuniones de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración". En tales reuniones se determinaron tanto la manera de afrontar la recapitalización, "considerando diversas opciones", como "las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas". Por tanto concluyen que "los principales argumentos para optar por la ampliación de capital con derecho de suscripción fueron la probabilidad de éxito y la maximización de valor para el accionista".

Asimismo, los inspectores resaltan que, tras llevar a cabo la operación, la "evolución del valor de la acción en los meses posteriores mostró que, en general, los inversores consideraron la operación muy beneficiosa, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima de la media del mercado". A esta mejora de la imagen del banco contribuyó que se lograran, "en gran medida, los objetivos previstos", como "la mejora de las ratios de cobertura de riesgos y adjudicados", y dejar al banco en una posición saneada que le permitía obtener mejor rentabilidad, algo que incluso "veían con buenos ojos los inversores". Con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los inversores, fruto de sus decisiones privadas de inversión, "acudir a la ampliación de capital fue una buena inversión", incide el documento presentado ante el juez

En su conclusión final, los peritos del Banco de España entienden que, con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas de Banco Popular, fruto de sus decisiones privadas de inversión, podemos decir que, en general, "acudir a la ampliación de capital fue una buena inversión, tal y como lo demuestra la cotización de la acción, con revalorizaciones importantes en casi los tres años posteriores a la ampliación de capital, en gran parte fruto de la mejor situación financiera del banco tras las medidas de capital y saneamiento adoptadas", concluyen.

Sin embargo, los expertos sí que matizan que la información facilitada sobre el plan de negocio fue "escasa" y se limitó a explicar "sucintamente" los resultados esperados en el trienio 2012-2014, "sin incluir una cuenta de resultados completa" y sin aportar detalles sobre "hipótesis o variables macroeconómicas en los que se basaba el plan, ni sobre la cobertura de la morosidad". De todo ello sí se informó al Banco de España, pero no a los inversores. También admiten que las cuentas anuales de 2011 y 2012 del Popular "no cumplían con el marco contable del Banco de España en lo relativo a la clasificación contable de las operaciones crediticias y su cobertura", algo que los expertos atribuyen al efecto de la crisis de 2008.

El "caso Popular" se inició cuando la Audiencia Nacional admitió a trámite dos querellas interpuestas contrala cúpula del Banco Popular por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital del ejercicio 2012.