Bankia pide claridad al Supremo tras congelarse sus beneficios

La entidad, que cayó un 5% en bolsa, afirma haber cumplido «la ley» sobre el impuesto a las hipotecas.

Bankia obtuvo un beneficio neto de 744 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un aumento del 0,6% respecto al mismo periodo del anterior ejercicio. En un contexto «muy complejo» de tipos de interés, el banco elevó el resultado gracias a los ingresos por comisiones, a la reducción de costes y al volumen estable de provisiones y saneamientos, según informó ayer en la presentación de resultados.

Sin embargo, fue castigado por los inversores en bolsa, donde llegó a caer un 5%. El motivo que subyace a esta contradicción es que el negocio bancario ha flojeado, en parte por la sentencia sobre los impuestos de actos jurídicos. La firma esperaba un margen de intereses de 509 millones, aunque «sólo» obtuvo 495.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, explicó que el banco ha logrado incrementar los beneficios gracias al «éxito» que supuso la fusión con BMN, considerado reto principal de la empresa al comienzo del ejercicio. Además, aprovechó la oportunidad de hacer negocio en segmentos que tenía oxidados, como la promoción inmobiliaria y los créditos a grandes empresas con acceso a los mercados.

Según la entidad, la mejora en el balance se vio tanto en el descenso de los activos dudosos, también llamados morosos, que se redujo en 1.755 millones de euros, como en el saldo de activos adjudicados, con 561 millones menos. Así, el banco continúa en el camino de cumplir su objetivo de rebajar en 2.900 millones esta rúbrica durante este ejercicio económico.

«Lo que marcaba la ley»

La entidad financiera espera que el fallo del Tribunal Supremo sobre impuestos en las hipotecas no tenga efectos retroactivos. Así, su consejero delegado, José Sevilla, defendió que «los bancos y los clientes hemos hecho lo que marcaba la ley» y aprovechó para pedir al Supremo una sentencia «nítida y clara».

El banquero justificó la idea de que un cambio en la jurisprudencia no debería encarecer el coste del préstamo para el ciudadano, ya que sólo alteraría la fórmula que se estaba llevando a cabo. Más bien al contrario, insinuó que las entidades podrían no repercutir el nuevo coste, debido a que la repercusión en precios es «difícil de prever», más aún en un sector tan «competitivo» como el bancario. Por último, Sevilla subrayó la fortaleza y competitividad del sistema hipotecario, al tiempo que aseguró que España ofrece precios más bajos que en Alemania, Francia o Italia, gracias a esa ofensiva comercial.