Macroeconomía

BBVA alerta sobre el impacto negativo de la reducción de jornada en el empleo y el retraso en los fondos europeos

BBVA Research recorta al 2,5% su previsión de crecimiento del PIB en 2025 y alerta sobre la tasa de transición del empleo al desempleo, que sigue siendo un 50% mayor que la de algunos países europeos

Economía.- BBVA Research recorta al 2,5% su previsión de crecimiento del PIB en 2025 y rebaja al 1,7% la de 2026
BBVA Research recorta al 2,5% su previsión de crecimiento del PIB en 2025 y rebaja al 1,7% la de 2026Europa Press

Las dudas sobre los efectos negativos de la reducción de jornada en los sectores más afectados y sobre las empresas de menor tamaño siguen ampliando su calado. Los últimos han sido los expertos de BBVA Research, que alertan sobre que los cambios en la jornada laboral "puedan tener efectos negativos sobre el empleo y la actividad, sobre todo, si no se acompañan de acuerdos que permitan a las empresas adaptarse progresivamente". Así lo han expresado en la presentación del informe "Situación de España", de junio de 2025, en el que confirman un crecimiento de la actividad económica "sólido", pero que ya se ve afectado por la ralentización. Por ello, ha recortado su previsión de crecimiento del PIB en tres décimas, hasta el 2,5%, y ha rebajado en una décima su estimación para 2026 al 1,7%, una proyección marcada por el impacto de los aranceles y a la incertidumbre, "que ya está condicionando las decisiones de empresas y hogares".

Los economistas del "think tank" del banco también han criticado el nivel de despliegue de los fondos europeos, tras alertar de que el ritmo promedio mensual de ayudas y licitaciones realizadas en el marco del Plan de Recuperación se situó en apenas 1.200 millones de euros en abril de 2025. Alertan de que, de mantenerse esta velocidad de realización, a finales de 2026, cuando llega a término este plan, no se lograría completar se habría completado todas las transferencias planificadas, y se quedaría en poco más del 90, unos 73.800 millones. Estos expertos inciden en que para alcanzar el 100% de la inversión comprometida, "sería necesario acelerar el ritmo un 25%, hasta los 1.500 millones mensuales, lo que implicaría superar en un 10% el máximo mensual registrado a mediados de 2023".

A su juicio, este instrumento se puso en marcha para hacer frente a la recuperación tras la pandemia y para provocar "un cambio estructural de la economía que aún está por llegar". Además, en el caso de no cumplir con el objetivo, estiman que tendrá "un menor impacto económico" y un "retraso en las mejoras que se podrían dar en productividad y en sostenibilidad por el freno en la puesta en marcha de las reformas estructurales" y puede provocar "una evidente pérdida de credibilidad".

Pero no quedan ahí los problemas estructurales que ven en la economía española en general y en el mercado laboral, en particular. Por un lado, estos economistas han alertado de que, aunque la tasa de temporalidad se ha reducido desde 2022, la tasa de transición del empleo al desempleo sigue siendo un 50% mayor que la de algunos países europeos. Por otro, tienen dudas sobre el cumplimiento que pueda hacer el Gobierno del déficit y la deuda, ya que avisan de que los incrementos anunciados en el gasto público suponen "un nuevo riesgo sobre la sostenibilidad de las cuentas a medio y largo plazo". Y afean al Ejecutivo que las medidas destinadas a incrementar la inversión pública en defensa y vivienda "no han incluido anuncios que garanticen su financiación durante los próximos años". Por ello creen la falta de control del gasto "solo aumenta y retrasa el necesario ajuste que se tiene que producir durante los próximos años".

En este contexto, desde BBVA Research han alertado de que el aumento de la incertidumbre de política económica observado desde noviembre del pasado año estaría restando alrededor de 0,6 puntos porcentuales al avance del PIB, en promedio, durante estos dos años. A esto habría que sumar otros factores que pueden moderar el dinamismo de la actividad, como los límites que están imponiendo las administraciones al crecimiento del sector turístico; el ahorro de los hogares, que sigue en cotas muy elevadas y restringe la expansión del consumo, y el precio de la vivienda, que continuará aumentando (un 7,3% en 2025 y un 5,3% en 2026) dada la persistencia del desequilibrio entre la demanda y la oferta.