Bruselas descarta las compensaciones a los afectados por la quiebra del Popular

Según el informe de Deloitte desvelado ayer, una insolvencia ordinaria hubiese creado más pérdidas.

Varapalo para los accionistas del Banco Popular. Después de sucesivos retrasos, la Junta Única de Resolución (JUR) desveló ayer el informe preliminar que supone un portazo a los intentos de los afectados a la hora de conseguir algún tipo de compensación económica, tras la pérdida del dinero invertido. Según el informe desvelado ayer, los accionistas hubiesen sufrido pérdidas mayores si se hubiese optado por un proceso de insolvencia ordinario según las normas nacionales. «El tercer informe de valoración llega a la conclusión de que bajo procedimientos normales de insolvencia las pérdidas generales habrían sido sustancialmente mayores», reza el texto.

Según esta valoración, los clientes del banco con depósitos por un valor superior a 100.000 euros (no cubiertos por el Fondo de Garantía) habrían sufrido pérdidas de hasta 14.000 millones de euros en el escenario más desfavorable. En el más optimista, las pérdidas se habrían reducido hasta los 3.300 millones en siete años. Con el procedimiento de resolución llevado a cabo por las autoridades europeas tan sólo tuvieron que soportar quitas los accionistas y los tenedores de deuda subordinada que perdieron el 100% de sus inversiones.

Este procedimiento de resolución de la entidad fue el primero llevado a cabo por parte de la Junta Única de Resolución dirigida por Elke Köning.

Tras los peores momentos de la crisis financiera global, en las que fue necesario rescatar a los bancos europeos con dinero público ante el riesgo sistémico para el conjunto de la economía, las normas cambiaron.

El propósito de la nueva legislación europea consiste en evitar el recurso al dinero del contribuyente y evitar echar salvavidas a «bancos zombies», siempre y cuando se proteja el dinero de los ahorradores. El ya desaparecido Banco Popular se convirtió hace un año en el conejillo de indias de la nueva legislación europea y la Junta Única de Resolución se comprometió a dictaminar si este procedimiento de resolución fue la mejor alternativa para hacer frente a los problemas de solvencia y liquidez de la entidad. El informe desvelado ayer es la tercera valoración independiente realizada por Deloitte. Esta consultora privada calcula que las pérdidas para los acreedores habrían oscilado entre 23.400 millones y 34.100 millones dependiendo del escenario más o menos adverso, frente a los 11.400 millones que perdieron con la resolución.

Con una valoración a 18 meses –tal y como marca el proceso de insolvencia de las leyes española–, el informe concluye que las pérdidas totales para los acreedores habrían sido de 28.200 millones en el mejor escenario y de 34.100 millones en el peor.

Además, según esta valoración de Deloitte, el Fondo de Garantía de Depósitos español habría sufrido pérdidas por valor de entre 1.800 y 2.200 millones ya que habría sido necesaria su utilización para proteger a los ahorradores con menos de 100.00 euros.

En los últimos meses, los afectados por este procedimiento se han movilizado ante las instancias judiciales nacionales y europeas con el propósito de esclarecer si las autoridades europeas tomaron la mejor decisión tras la venta del Banco Popular al Santander por tan sólo 1 euro. Este tercer informe encargado por la JUR supone un serio revés para sus intereses.