Calviño tramita de urgencia la factura electrónica para controlar y sancionar a las pymes

La polémica vuelve a merodear el Consejo de Ministros en las semanas previas a la cita electoral del 23J. El Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño ha elevado esta semana a audiencia pública el real decreto-ley que desarrollará la factura electrónica para las operaciones comerciales entre empresas y profesionales, por la que el Gobierno asegura que se "garantizará una mayor agilidad y control de los pagos, que redundará en una reducción de la morosidad comercial y favorecerá el crecimiento empresarial". Este proyecto, que se incluye en la Ley Crea y Crece aprobada el pasado mes de septiembre, forma parte de las medidas para luchar contra los impagos y el retraso en el abono de factura, una de las causas que mayor repercusión tiene sobre la liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, "con particular incidencia en las pymes".

Según defienden fuentes ministeriales, la implementación de la factura electrónica en todas las transacciones comerciales permitirá disponer de información "fiable, sistemática y ágil" de los plazos efectivos de pago, lo que contribuirá al cumplimiento de la normativa de morosidad general y sectorial y, por tanto, a reducir la morosidad. Asimismo, esta medida facilitará la integración de todas las funciones de facturación, cobros, pagos y contabilidad de forma automática, "ganando en rapidez y eficiencia y reduciendo la necesidad de financiación especialmente entre las empresas más pequeñas y profesionales, más afectados por la morosidad debido a un menor poder de negociación". Además, el Gobierno presumió de que supondrá "un impulso adicional" en la digitalización de las pymes y autónomos en el marco del Plan de Recuperación.

Sin embargo, la medida no ha sido recibida con el mismo entusiasmo por los pequeños empresarios y los autónomos, que temen que su implantación suponga un coste excesivo para las economías de muchas micropymes, dada la experiencia vivida por las medianas y grandes empresas, que ya tuvieron que hacer frente desde 2017 a este cambio normativo con el Suministro Inmediato de Información (SII) o IVA en tiempo real y que cuya adaptación fue complicada. Desde la asociación de autónomos ATA, critican que se quiera aprobar este decreto en plena precampaña electoral. "No entendemos por qué ahora se quiere aprobar deprisa y corriendo. Lo quieren aprobar con el Congreso disuelto y por vía de urgencia, cuando está claro que no se dan circunstancias extraordinarias para que se apruebe de esta manera si ya se prevé un plazo mínimo de 12 meses para su entrada en vigor".

Esta ley obligará a informar sobre los estados de sus facturas a los empresarios que facturen menos de seis millones de euros, sobre los que la Agencia Tributaria dispondrá de mecanismos que permita la "comunicación voluntaria de los retrasos en el pago o impago de facturas por cualquier empresa o profesional, ya sea el emisor o el receptor de las facturas", según reza el texto del decreto. La intención de Hacienda sería controlar la facturación de las pymes en tiempo real, con la remisión instantánea de facturas con las que pueda supervisar el cumplimiento fiscal del IVA y poner en práctica el nuevo borrador de este impuesto que ya prepara y que desarrollará un software de doble uso que prevé la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal.

Fuentes empresariales explicaron a LA RAZÓN que el "verdadero objetivo de Hacienda es convertir la factura electrónica de las pymes en un simple test de control para sancionar por la morosidad, ya que usará la información que se le proporcione para vigilar si las empresas pagan o no y transmitirlo al nuevo Observatorio Estatal de la Morosidad Privada que incluirá a las empresas incumplidoras en un listado de morosidad y tendrá la potestad para sancionarlas. Ese es su objetivo final". Además temen que esta norma se convierta en "un mero instrumento de control sancionador y un arma de recaudación fiscal".

Así lo reconoce la propia ley en su redacción: "La Agencia Tributaria extraerá información estadística de las facturas electrónicas remitidas al sistema público de facturación electrónica y de los reportes de información sobre el pago de facturas que permita monitorizar el cumplimiento de la normativa sobre morosidad comercial en los diferentes sectores de la economía y la hará llegar, al menos, al Observatorio y al Ministerio de Asuntos Económicos para el cumplimiento de su función de publicación anual de un listado de empresas que hayan incumplido los plazos de pago conforme a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales u otra normativa sectorial de aplicación".

Pero desde el Ministerio insisten en que su objetivo es "mantener la liquidez y rentabilidad de las pymes españolas". Para lograrlo y facilitar la implementación de estas facturas se creará una plataforma pública a través de la Agencia Tributaria que permitirá reducir los costes y facilitar el acceso, aunque la facturación electrónica podrá realizarse también a través de cualquiera de las plataformas privadas existentes. El sistema será interoperable para permitir la utilización y traducción de los diferentes formatos más utilizados, y garantizar así la integración y adaptación a nivel europeo. Asimismo, el sistema estará interconectado para que los usuarios solo necesiten conectarse a una plataforma para la gestión de sus facturas y las pymes y autónomos contarán con "un amplio apoyo" para su implementación a través de periodos transitorios "amplios" de la solución pública de facturación electrónica y de las ayudas del Kit Digital.