El mercado de la vivienda no será igual desde hoy con la entrada en vigor de dos importantes novedades, el final de las "golden visa" y la reforma legal que obliga a tener la autorización de las comunidades de propietarios para dar el visto bueno a los nuevos pisos turísticos.

La supresión de la "golden visa" fue anunciada hace un año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Andalucía. Estos visados se aprobaron por el Gobierno del PP en 2013 tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y permitían obtener el visado de residencia por la compra de inmuebles de más de 500.000 euros en España o por inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general.

Aunque el Ejecutivo la vendió como una medida para proteger el mercado inmobiliario de la especulación y ayudar a las clases medias y bajas a acceder a una vivienda, la realidad es que hasta 2023 apenas se habían registrado algo más de 14.500 permisos por inversiones inmobiliarias.

Desde el sector inmobiliario, de hecho, han advertido de que su efecto en el mercado será casi nulo pues afecta al mercado de la vivienda de lujo y que lo único que puede lograr es retraer la inversión que lograba canalizar.

Junto a la derogación de la "golden visa", y en su intento de limitar las compras de inversores extranjeros para, según argumenta, poner más vivienda al alcance de los que viven en España, el Gobierno también ha anunciado su intención de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes mediante el incremento hasta el 100% del gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran una vivienda.

Pisos turísticos

También habrá cambios desde hoy en el mercado del alquiler dado que los nuevos pisos turísticos necesitarán la aprobación expresa de la comunidad de propietarios con un respaldo de tres quintas partes. Sin este consentimiento, los dueños podrán exigir el cese inmediato.

Se trata de la misma mayoría que se requerirá para acordar cuotas especiales o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice la actividad siempre que no supongan un alza superior al 20%.

Con este cambio, que modifica la ley de Propiedad Horizontal, se quiere "empoderar" a las comunidades de vecinos, que podrán dar o no el visto bueno a los alquileres turísticos ante la proliferación que experimentan en nuestro país y los problemas de acceso a una vivienda, según argumentan desde el Gobierno.

Esta nueva regulación no afectará, sin embargo, a los propietarios que ya tuvieran pisos turísticos antes de esta fecha, que podrán seguir desarrollando su actividad.

Junto a ello, el Ejecutivo ha creado además un registro único para evitar el fraude con la comercialización de alquileres de corta duración, entre ellos los turísticos, y cuya aplicación se hará efectiva el próximo 1 de julio