Los científicos rechazan las mejoras en la cotización retroactiva de los becarios mientras tengan que pagar la parte del empleador

El Ministerio de Seguridad Social sigue sin conseguir que la comunidad científica apoye su plan de regularización del becariado y de las cotizaciones retroactivas de becas de investigación. Las principales asociaciones -la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que agrupa a 88 sociedades científicas que representan a más de 40.000 científicos, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (Sebbm) y la Sociedad Española de Neurociencia (SENC) entre otras- han vuelto a cargar contra la "insensibilidad" del Ministerio que, aunque reconocen que ha habido mejoras en los acuerdos entre Gobierno y sindicatos, consideran que "todavía quedan cosas muy importantes por mejorar", por lo que reclaman al Ministerio que mantenga el diálogo con los colectivos afectados además de con los agentes sociales.

Estas las asociaciones han mostrado su intranquilidad porque los avances realizados no han resuelto cuestiones "no adecuadas que hay que corregir", entre las que destacan por encima de otras la obligatoriedad de que las personas afectadas deban abonar también la parte de la cuota del empleador y que el periodo a recuperar tenga un tope de cinco años, ya que muchas de las personas afectadas "trabajaron con becas por las que no cotizaron durante períodos de tiempo mucho más amplios".

Aunque felicitan al Ministerio por la decisión de "rectificar" algunos de los aspectos "más lesivos" que incorporaba la orden ministerial, como que ahora se tome como base de cotización del convenio especial la base mínima correspondiente al año de realización de la actividad y no la actual, consideran "insuficiente" la propuesta sobre la cotización, que mantiene que el científico debe seguir asumiendo los costes del empleador, algo "que no podemos asumir. El Ministerio insiste en ello incompresiblemente, porque el coste real de asumir esa parte no es significativo, calculamos que unos 200 millones, una cantidad nimia en el presupuesto general de la Seguridad Social. Por eso no entendemos este empeño en no asumirlo", ha explicado a LA RAZÓN Marisol Soengas, presidenta de Aseica.

En el mismo sentido, desde las asociaciones recalcan que "apreciamos el anuncio del Ministerio, pero insistimos en que la comunidad científica lo recibe con preocupación, porque refleja una situación pendiente ya hace años y que no son capaces de resolver. Han pasado muchos años y se han realizado muchas sugerencias sin que se nos haya hecho caso. Es momento de escuchar a los científicos y que atiendan a las reivindicaciones de todo el colectivo". Por ello, piden a los sindicatos su apoyo y al Ministerio para que el empleado asuma solamente sus propios costes y no como pretende el Ministerio, también los del empleador. "Sigue siendo injusto que pretendan cargar sobre los hombros de los investigadores los costes del empleador. El Ministerio no lo ha corregido y es algo irrenunciable para nosotros".

El Gobierno sí ha mejorado su propuesta sobre la orden para recuperar años cotizados de antiguos estudiantes en prácticas e investigadores, tras recoger la petición de los agentes sociales de ampliar la ventana temporal para la suscripción del convenio con la Seguridad Social hasta los cuatro años y medio, frente a los tres años y medio de la propuesta anterior, al tiempo que ha ampliado también el periodo para fraccionar el pago de las cotizaciones pendientes hasta un máximo de siete años desde los cinco años precedentes. De esta forma, se amplía la ventana temporal abierta para la suscripción del convenio con la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 2028, para facilitar así que los interesados puedan acceder a él.

Asimismo, el departamento que dirige Elma Saiz ha recogido las peticiones de ampliar la posibilidad de fraccionamiento de pago hasta el doble del periodo rescatado con un máximo de siete años, frente a los cinco años anteriores. Esto permitirá que si se rescatan dos años de cotización, pueden pagarse en cuatro años, y no en un solo pago o en un número máximo de mensualidades igual al periodo rescatado como decía la anterior orden inicial. También se amplía hasta el 31 de diciembre de 2028 el plazo para suscribir el convenio especial que permitirá rescatar la cotización de hasta cinco años de prácticas.

Para las asociaciones son unas buenas mejoras, pero "no corrige cuestiones fundamentales para nosotros, por lo que seguiremos reivindicando mejoras, para las que pueden contar con nosotros", ha aseverado Soengas. Por su parte, la Cosce ha reivindicado que el Gobierno mantenga abierto el diálogo con los colectivos afectados "hasta que esta situación se resuelva completamente" y que no se les aparte de la negociación ni se descarten sus propuestas. "Es momento de escuchar a los científicos".