Competencia carga otra vez contra Fomento por Uber

Advierte al ministerio de que su regulación sobre VTC y autobús perjudica a los usuarios

Una vez más, y ya van unas cuantas, Competencia (CNMC) se rebela contra el Ministerio de Fomento. Y vuelve a hacerlo a cuenta del transporte terrestre de pasajeros. Tras impugnar ante la Audiencia Nacional la normativa específica sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con los que operan Uber o Cabify, el organismo vuelve ahora a la carga contra la norma general que regula no sólo este servicio, sino también el de autobuses, camiones y ambulancias. A petición de Fomento, la Comisión ha evaluado los cambios normativos que el ministerio pretende introducir en el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT). Y su conclusión es clara: la regulación planteada «limita la competencia, resulta innecesaria y desproporcionada, y termina perjudicando a los usuarios finales».

Críticas

Varias son las modificaciones que el Ministerio de Fomento contempla y con las que la CNMV no está de acuerdo. Algunas exigencias son comunes a todos los sistemas de transporte y suponen, según Competencia, «barreras de acceso» a los operadores para entrar en el mercado. Así ve la pretensión del ministerio de que tengan una forma jurídica concreta, ausencia de ánimo de lucro o domiciliar las licencias en territorios concretos. En el caso de camiones y autobuses, rechaza que se pretenda imponerles trabas a la transmisión de autorizaciones.

También asegura que existen «cargas innecesarias y desproporcionadas» para todos ellos que no se justifican, como que las licencias de transporte tengan que estar vinculadas a vehículos concretos, que todos los vehículos deban estar matriculados en España, que cada operador deba disponer de una flota mínima de vehículos o que el operador sólo pueda trabajar con personal de su plantilla. En el caso particular de los camiones, también se opone a que se impongan requisitos como que la flota de vehículos tengan muy poca antigüedad.

La CNMC también se opone a que se prohíba que se constituyan nuevos servicios de transporte de viajeros por iniciativa privada –la decisión sobre el establecimiento de nuevos servicios compete a la Administración pública, y se adopta, además, «con un elevado grado de discrecionalidad», según lamenta–. También rechaza que se establezca la explotación de esos servicios en régimen de monopolio sin evaluar la opción de si puede haber competencia.

En el caso de los autobuses, la CNMC considera que los cambios dificultan que los operadores reduzcan sus tarifas, ya que para ello tienen que comunicarlo previamente a la administración, que puede prohibir las rebajas.