Desde la deuda hacia el caos

John Maynard Keynes (1883-1946), el economista más influyente del siglo XX, también idealizado por cierta izquierda del XXI, explicaba que la inflación es «una reorganización arbitraria de la riqueza».

La cita la ha rescatado el semanario británico «The Economist» para apuntalar la idea de que los Gobiernos de los países ricos –entre los que se encuentra España, aunque no sea de los primeros ni esté en el grupo G-7– «viven muy por encima de sus posibilidades» y que «hay que lamentar que la inflación es la salida más probable».

Vivir «por encima de sus posibilidades» significa recurrir a la deuda de forma sistemática y permanente. El Banco de España, que gobierna José Luis Escrivá, publicó, como siempre con puntualidad, esta semana que ahora concluye la actualización hasta agosto de los datos de deuda pública, de acuerdo con el llamado Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), es decir, las normas de la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen.

El Gobierno de Pedro Sánchez, mientras María Jesús Montero sigue sin presentar los presupuestos, presume de que la deuda ha bajado del 103,9 al 103,0% en el último año. Es cierto, pero al mismo tiempo elude comentar que mientras que en agosto de 2024 era de 1,622 billones de euros, el pasado mes de agosto llegó hasta los 1,699 billones de euros. Es decir, en un año subió 76.970 millones de euros y solo en 2025 ha aumentado en 69.540 millones de euros.

La reducción porcentual es un mero efecto estadístico, derivado del crecimiento económico. Es una simple cuestión aritmética, que no debe llamar a engaño ni ocultar la realidad de la escalada de la deuda pública.

El problema, sin embargo, no es solo español. Por eso puede llegar a ser inmanejable y conducir hacia el caos. Japón, donde acaba de tomar posesión al frente del gobierno una mujer, Sanae Takaichi, encabeza el ranking de países deudores, con un 134,2% del PIB.

La Italia de Giorgia Meloni, con un 127,3% y la Francia doliente de Macron, que cambia de primer ministro como de camisa, con un 108,2% le siguen a la zaga. Luego estaría España, con un 103,0%, por delante de los Estados Unidos de Trump y el Reino Unido de Starmer, en donde la deuda está en el 98 y 95,1%.

Nada que ver con la Alemania del canciller Merz, con una deuda alrededor del 50% del PIB. En conjunto, la deuda pública de los países ricos supondría un 110% de su PIB. Esto no ocurría desde principios del siglo XIX, tras las guerras napoleónicas, que terminaron en 1815 con la derrota de Napoleón (1769-1821) en Waterloo, donde ahora vive Carles Puigdemont, que aprieta pero mantiene al gobierno de Sánchez, aunque Miriam Nogueras hable «de la hora del cambio».

Henry Curr, editor económico de The Economist, premio de la Fundación John Hicks de la universidad de Oxford, vaticina «crisis fiscales» en todo el mundo rico. Apunta que «la deuda pública es uno de los grandes inventos de la humanidad porque permite a las sociedades acumular riqueza, afrontar crisis y construir el futuro».

Apostilla que «la magia del endeudamiento conlleva una tentación, que ya preocupaba a David Hume (1711-1776) y Alexander Hamilton (1757-1804)».

El peligro es que si un país goza de la solvencia suficiente para cubrir sus deudas, puede endeudarse más y más. Y eso es el principio de una espiral para que la deuda crezca sin fin. La solvencia, en teoría la mide la llamada «prima de riesgo» y las calificaciones de las agencias de rating que, por cierto, acaban de volver a bajarle la nota a Francia, en donde el último primer ministro, por ahora, Sebastien Lecornu, intenta alumbrar unas cuentas públicas algo más ajustadas.

La acumulación de deuda, derivada de la facilidad de obtener dinero prestado, suele concluir en una crisis de deuda o «crisis fiscal». «Si los gobiernos no se ajustan el cinturón, la solvencia crucial de los países se erosiona de una forma que puede descontrolarles con facilidad», escribe también Curr.

Las soluciones son obvias y conocidas: reducción de gastos –menos prestaciones sociales, sobre todo– o más ingresos –más impuestos–, y también una combinación de ambos. El ajuste o contención del Estado del Bienestar parece imposible por motivos políticos y electorales.

También un aumento notable de impuestos, ya bastante elevados en Europa y en España. El crecimiento de las economías, que paliaría la situación, es poco probable que sea suficiente, según la mayoría de expertos. Por eso, todo apunta hacia que los gobiernos optarán por recurrir a la inflación y a la represión financiera para reducir el valor real de sus elevadas deudas, un coste que, claro, recaerá en lo que quede de las clases medias. Es decir, una «reordenación arbitraria de la riqueza», como pensaba Keynes