Díaz "vende" como un logro personal "histórico" medidas en favor del colectivo LGTBI que ya existían con el PP

Vender medidas ya aprobadas y puestas en marcha por otros gobiernos anteriores para hacerlas suyas y presumir de ellas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volvió a seguir similar estrategia a la que ha esgrimido otras veces, como con la aplicación de los ERTE durante la pandemia, que se atribuyó como propios cuando estaban aprobados desde hacía más de 30 años en el Estatuto de los Trabajadores.

En esta ocasión, aprovechó la última reunión del diálogo social mantenida con representantes de sindicatos y patronal para hacer suyas las medidas de apoyo al colectivo LGTBI. A través de su cuenta de X (Twitter) ha asegurado que "hoy (por ayer) el colectivo LGTBI hace historia: por primera vez se lleva a cabo una mesa de diálogo social para abordar sus derechos en el ámbito laboral. No podemos permitir que sigan sufriendo discriminación. El trabajo tiene que ser, y será, un espacio seguro".

Pero este hecho, del que ha asegurado como histórico, no lo es tanto, ya que los derechos del colectivo LGTBI ya se abordaron en el diálogo social y quedaron plasmados en el real decreto de 24 de marzo de 1995, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 4 aseguraba que los trabajadores tienen derecho "a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español". Además, en el artículo 8.12 quedaron registradas las sanciones que deberían asumir las empresas si no se respetaba ese principio. Por ello, este logro histórico del que presumió hoy Díaz ya se logró en 1995 con el Gobierno de Felipe González, y que posteriormente respetaron tanto gobiernos del PP como del PSOE.

Tampoco es nuevo el anuncio de que su departamento está ya elaborando el reglamento que, entre otras medidas, obligará a las empresas de más de 50 empleados a contar con planes específicos contra la discriminación de las personas LGTBI, una promesa electoral de Sumar que pretende llevar a cabo, aunque no ha confirmado si lo hará de forma unilateral o contando con los empresarios, a los que ha obviado en muchas de sus últimas decisiones, como con las dos últimas subidas del SMI.

El Estatuto de los Trabajadores también recoge ya este nuevo anuncio de Díaz, ya que la Ley Orgánica de 22 de marzo de 2007 incluyó un artículo que expresaba que "todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y deberán adoptar medidas a evitar discriminación laboral" por cuestiones de sexo u orientación sexual.

En un día en el que multiplicó sus declaraciones públicas, Díaz también pisó otros charcos y algunos callos y abierto una nueva grieta con su socio de Gobierno tras criticar la aprobación de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Consejo de Ministros del que ella misma forma y ha aprobado -aunque con el voto particular de Sumar en contra-, y auguró que "esta medida provocará la subida el precio de la vivienda".

La vicepresidenta segunda cargó contra la línea de avales de 2.500 millones de euros que se abonará a través del ICO a quien lo solicite para acceder a la entrada de la compra de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo. Díaz ha reconocido sus "discrepancias" con el PSOE porque "ellos priorizan la compra de vivienda en el ámbito privado", frente "a lo que queremos en Sumar, el fomento de la garantía del alquiler". Díaz ha insistido en que fomentar la compra no pública es una "política fallida" y que ampararla con el aval del 20% de capitales de rentas públicas "va a tener un impacto muy negativo en el precio de la vivienda, porque seguirá subiendo".

Díaz ha criticado especialmente al Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez por no haber publicado aún los índices de referencia en las zonas tensionadas, incumpliendo de este modo el compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno para publicarlos de manera inmediata. "Desde Sumar entendemos que la prioridad, como decíamos en el acuerdo de Gobierno, es publicar de manera inmediata los índices de referencia en las zonas tensionadas. Desde el 23 de julio hasta hoy han pasado muchos meses y no se han publicado", ha denunciado. También ha hecho responsable al Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo de apoyar esos avales ICO. "No ha apostado por las políticas públicas".

La ministra de Vivienda ha recordado, en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, que hay ciudades españolas en las que los alquileres son más costosos que la mensualidad de una hipoteca y ha apuntado que "estos avales puedes ayudar a sacar personas del mercado del alquiler en zonas tensionadas". Cuerpo ha preferido mantenerse al margen.