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El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy y remitido al Senado el proyecto de ley que agiliza el desahucio de viviendas por impago de alquiler y crea un registro de sentencias firmes por impago de renta.

El texto, aprobado con los votos del grupo popular y de UPyD y la abstención de CiU y PNV, permite al arrendador solicitar el procedimiento de desahucio con un solo mes de impago, y una vez que el juzgado remita la notificación, el inquilino tendrá que abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo de diez días.

Al mismo tiempo, con el fin de dar información a los propietarios sobre posibles riesgos al arrendar una vivienda, se creará un registro de sentencias firmes de impagos de renta donde el nombre del deudor permanecerá un máximo de seis años.

Además el texto da prioridad a la voluntad de las partes en varias cuestiones, como la actualización de la renta -hasta ahora era forzosamente por el IPC-, la renuncia al derecho de adquisición preferente de la vivienda o que las reformas en la casa puedan deducirse del alquiler a partir del tercer año.

También se ha introducido una nueva enmienda para que los arrendatarios puedan llevar a cabo las obras necesarias para adaptar la vivienda a personas con discapacidad o mayores de 70 años.

Los aspectos relacionados con la tributación de las sociedades anónimas cotizadas del mercado inmobiliario (Socimis) y las no residenciadas en España han quedado finalmente excluidas de la tramitación en el Congreso y serán debatidas en el Senado.

El texto "rompe con el intervencionismo del Estado, permite mayor libertad entre las partes y favorece medidas que aumentan la seguridad jurídica en la relación contractual del alquiler", aseguró en el debate el portavoz de Vivienda del grupo popular Teodoro García.

El grupo socialista, que votó en contra, cree en cambio que la ley "provocará un enorme desequilibrio en la regulación del mercado del alquiler a favor de la protección de los propietarios y poca en la de los inquilinos", según dijo su portavoz Leire Iglesias.

El portavoz de CiU, Pere Macias, advirtió de que la reducción de cinco a tres años del periodo máximo del contrato desanima al inquilino a reformar el inmueble porque quizá no pueda amortizar la inversión realizada, por lo que la ley "va a deprimir"aún más el sector de la reforma y la rehabilitación de vivienda.