El decreto para frenar a Uber no estará listo hasta 2018

La norma prohíbe revender licencias VTC en dos años y crea un registro único de actividad. El taxi dice que la huelga de ayer se siguió al 100%. Denuncian ataques a coches de Uber y Cabify.

Con gran aparato pirotécnico, humo de bengalas y decenas de cláxones sonando al unísono, miles de taxistas recorrieron ayer el centro de Madrid en el acto central que dio visibilidad a la jornada de huelga que dejó a España sin taxis 24 horas. Convocado por Fedetaxi, Antaxi, Elite Taxi, la Asociación Caracol y TNT, que aseguraron que el seguimiento del paro fue «masivo» en toda España, el sector protestó por séptima vez este año ante lo que consideran una proliferación descontrolada y desleal de su competencia, los servicios de vehículo de alquiler con conductor (VTC) que prestan plataformas como Uber y Cabify. El colectivo volvió a pedir al Gobierno más control porque, a su juicio, los vehículos VTC siguen sin cumplir la ley. Entre los preceptos que, presuntamente, no cumplen, los taxistas denuncian que recogen viajeros en la vía pública; sus servicios, que deben ser precontratados, no están registrados, efectuan más del 20% de sus desplazamientos fuera de la autonomía que les concede la licencia, transmiten los permisos con fines especulativos y no se cumplen la ratio de una licencia VTC por cada treinta de taxi.

Para regular el sector e introducir equilibrio entre el taxi y los VTC, el Ministerio de Fomento trabaja desde hace meses en un real decreto con el que pretende dar respuesta a las reivindicaciones del taxi cuya tramitación se está alargando más de lo esperado. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, reconoció ayer que aunque les gustaría tenerlo disponible a finales de año, lo más probable es que se apruebe en 2018. Gómez-Pomar achacó el retraso a que el texto requiere de un periodo de información pública y un dictamen del Consejo de Estado.

La normativa de Fomento incluye la prohibición de vender las licencias VTC hasta al menos dos años después de su concesión para evitar la especulación. Según los taxistas, a día de hoy, permisos que se obtienen por 36 euros se venden al día siguiente por 40.000. Para controlar que los VTC sólo prestan servicios precontratados, el ministerio creará un registro único estatal en el que figurarán sus trayectos. Esta herramienta servirá también para que se pueda endurecer la prohibición de que los vehículos de alquiler con conductor hagan más del 20% de sus servicios fuera de la comunidad que les otorgó la licencia.

El decreto también reforzará el cumplimiento de los requisitos para conceder autorizaciones VTC, si bien su número va a seguir creciendo en los próximos meses por la vía judicial, algo en lo que Fomento no tiene competencia. Gómez-Pomar admitió que, en la actualidad, hay 6.000 licencias VTC por las 65.000 de taxi, lo que triplica la ratio 1/30 de la ley. Y la cantidad se va a disparar exponencialmente en los próximos meses. Entre 2009 y 2013, no existía ningún tipo de proporción debido a que la Ley Omnibus liberalizó el sector por completo. Pese a ello, las autonomías, competentes para otorgar las licencias VTC, bloquearon su otorgamiento. Ahora, el Tribunal Supremo está dando la razón a los que las solicitaron, por lo que se espera un aluvión de 10.000 nuevos permisos. El sector del taxi cree que estas licencias pondrán todavía más en riesgo su futuro. Pero el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, insistió una vez más que, en este punto, no pueden hacer más porque se trata de una resolución judicial. «Las únicas licencias VTC que se están dando son las que otorgan los jueces como consecuencia de ese vacío legal», aseguró ayer en el Congreso, donde insistió en que Fomento instará a las comunidades y ayuntamientos a redoblar los controles sobre Uber o Cabify.

Propuesta del sector

Aunque Fomento asegura que la normativa se ha discutido con el sector, los taxistas creen que será insuficiente. «No va a impedir que hay fraude», advirtió Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, la asociación mayoritaria del sector. Su propuesta para evitarlo pasa por medidas como que se prohíba la reventa de licencias VTC durante diez años, que se exija una formación y licencias municipales idénticas a estos vehículos y al taxi, que la precontratación se establezca en función de criterios como una distancia en kilómetros, periodo razonable o una mezcla de ambas y que los VTC no puedan realizar servicios fuera de su comunidad autónoma.

Unauto, la asociación con mayor representación en el sector del VTC, denunció actos vandálicos contra decenas de vehículos de este tipo en Madrid y Barcelona, así como agresiones a conductores. El presidente de Unauto, Eduardo Martín, relató a Efe que «desde primera hora de la mañana» decenas de vehículos VTC sufrieron «daños considerables por actos violentos» en las calles de ambas ciudades.