Los «viernes sociales» de Sánchez cuestan ya 1.283 millones

El déficit se desviará este año en 10.000 millones, según la AIReF

El conjunto de las Administraciones Públicas no cumplirá el objetivo de déficit de 2019, fijado en el 1,3% del PIB. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) mejora ligeramente la estimación de déficit, pero sigue considerando «improbable» que se alcance el objetivo, ya que la sitúa en el 2,1%, una décima por debajo de su anterior previsión y ocho décimas por encima de la senda para este año, según explica el organismo en su informe sobre Presupuestos Iniciales de la Administraciones Públicas. Esto supondrá un desvío de unos 10.000 millones de euros.

La ligera modificación al alza se debe, fundamentalmente, a la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y la consiguiente prórroga presupuestaria, que ha supuesto que no se pongan en marcha una parte relevante de las medidas, lo que tenido un efecto positivo sobre el déficit. La Autoridad Fiscal calcula que el importe final estimado de los “viernes sociales” es de 920 millones de euros, ya que su entrada en vigor se ha retrasado hasta el segundo trimestre del año y no se ha desarrollado la medida de mejora de la dependencia, por un importe de 500 millones de euros. El pasado enero el organismo cifró en 1.633 millones el gasto de estas medidas sociales. A esta cifra habría que sumar los 363 millones que costará este año el plan de ayuda a parados de larga duración, aprobado ayer. En total, 1.283 millones.

La AIReF se encuentra en una “posición difícil” para realizar recomendaciones, ya que la situación política y el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 dificulta que en la segunda parte del año se puedan tomar medidas que produzcan un impacto significativo en el resultado fiscal. No obstante, el organismo indica que lo que debe hacer el Gobierno que salga tras las elecciones del 28 de abril es fijar los objetivos de estabilidad fiscal para los próximos tres años bajo una senda de reducción de la deuda pública. También considera importante que el Ministerio de Hacienda aplique la normativa para que las comunidades autónomas destinen su superávit a la amortización de deuda y avisa de la necesidad de establecer un seguimiento de la Administración Central y de la Seguridad Social para detectar posibles riesgos con antelación. Hacienda asegura que ya realiza este procedimiento, pero la AIReF exige que sea público y que se traslade tanto a las cortes generales como al propio organismo.