El Gobierno aplaza el código de buenas prácticas sobre las cláusulas suelo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que aplaza la aprobación del código de buenas prácticas para facilitar la reclamación a los bancos de clientes afectados por las cláusulas suelo, pero se compromete a encontrar una solución extrajudicial.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que aplaza la aprobación del código de buenas prácticas para facilitar la reclamación a los bancos de clientes afectados por las cláusulas suelo, pero se compromete a encontrar una solución extrajudicial.

En ella se establecerán “plazos y garantías” con el objetivo de resolver con celeridad las reclamaciones y reducir la litigiosidad, según han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Economía, que añaden que los detalles se concretarán en las próximas semanas.

De hecho, el Ejecutivo baraja tratarlo en la primera reunión del Consejo de Ministros de 2017, el 13 de enero, una vez recabados los apoyos políticos necesarios para sacar adelante la norma en el Parlamento.

La idea inicial era sacar adelante hoy mismo un decreto ley con dicho código, al que se suscribirían de forma voluntaria las entidades con hipotecas que impiden beneficiarse de las rebajas del euríbor a partir de un determinado nivel.

Sin embargo, ante la oposición del PSOE, que aboga por un sistema obligatorio, el Gobierno “hará todo lo posible” para que los afectados puedan recuperar su dinero “sin tener que ir necesariamente a los tribunales”, ha añadido Rajoy al final de la rueda de prensa para hacer balance del año.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que, aunque no es competencia del Gobierno, éste actuará porque es un problema “que afecta a mucha gente” y “de una cuantía económica considerable”, y ha adelantado que en un futuro concretará un “procedimiento” que evite en la medida de lo posible acudir a los tribunales.

Desde la semana pasada, el Ministerio de Economía ha trabajado para sacar adelante un código de buenas prácticas que obligaría a las entidades a dar a los cerca de dos millones de afectados la opción de recuperar el dinero en efectivo o amortizando parte de la hipoteca pendiente.

Esta oferta, según confirmaron a Efe fuentes financieras, se recogía en este nuevo código, al que se suscribirán de forma voluntaria aquellas entidades que comercializaron hipotecas con cláusulas suelo.

No obstante, el grupo parlamentario socialista avanzó ayer que no apoyaría esta medida porque dejaba a voluntad de los bancos su adhesión y sigue apostando por establecer un procedimiento extrajudicial al que se tengan que acoger todas las entidades.

Para el PSOE resultaba “inaceptable” el código de buenas prácticas que promovía el Gobierno porque “se inclina hacia los bancos y no hacia los afectados”.

La solución para agilizar la devolución del dinero, a juicio del principal partido de la oposición, debe ser un procedimiento extrajudicial “rápido, eficaz y con coste cero” para el cliente y sin quitas.

La alternativa extrajudicial aún por concretar llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea allanara el camino para que millones de afectados recuperen los más de 4.000 millones pagados de más por las cláusulas suelo de sus hipotecas.

CaixaBank, BBVA y Popular son los bancos que tendrán que devolver más dinero, seguidos de Sabadell y, en menor medida, Bankia. Una lista a la que se suman entidades más pequeñas como Unicaja, Liberbank, Kutxabank, Abanca, Ibercaja, Banca March, BMN y varias cajas rurales.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebraba desde primera hora que el Gobierno estuviera dispuesto a aprobar un procedimiento que facilitará las reclamaciones a los bancos de los clientes afectados por las cláusulas suelo, aunque advertía de que no podía ser una excusa para retrasar “aún más” las devoluciones.

Por su parte, la Asociación General de Consumidores (Asgeco) se alegraba de que el Ejecutivo no haya sacado adelante su propuesta de código de buenas prácticas, pues considera que es “ineficaz, sesgada y contraria a los intereses de los afectados”.

En su opinión, cualquier solución, “judicial o extrajudicial”, del problema ha de partir del respeto al principio de que se debe devolver “todo” el dinero a “todos” los perjudicados.