La subida de las pensiones 1,6% este año y del 1,5% en 2019 se financiará con este impuesto tecnológico.

El Ejecutivo remitió a Bruselas el pasado lunes por la noche la última actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 en el que se incluyen tanto la subida de las pensiones del 1,6% este año y del 1,5% en 2019 como los nuevos impuestos con los que se abordará este desembolso adicional. El Gobierno manifiesta su intención de plantear en el marco del Pacto de Toledo la adopción de «nuevas figuras tributarias», como la denominada «tasa Google», con la que se pretende gravar las actividades de las grandes empresas tecnológicas. «Las previsiones para los años 2018 y 2019 incorporan el impacto de nuevas figuras tributarias, planteadas en el marco del Pacto de Toledo, que permitirán compensar el coste de las medidas a adoptar en materia de pensiones, incrementando la recaudación prevista en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500 millones adicionales en 2019», informa el texto remitido a Bruselas.

El documento plantea la creación en 2018 de un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales que seguirá los principios recogidos en la propuesta de Directiva presentada por la Comisión Europea el pasado 21 de marzo, anticipando su aplicación en España.

España ha sido el primer país en anticipar la aplicación de la «tasa Google» en la UE, a pesar de que aún no hay acuerdo para su implantación global en todos los países miembros. Auspiciada por Francia, la aplicación de este impuesto cuenta por ahora con la negativa de los países con regímenes fiscales más agresivos, como Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Malta. Según indica España a Bruselas, el objetivo de este impuesto es «superar las deficiencias de los sistemas fiscales actuales y lograr que las grandes empresas de la economía digital tributen allí donde se crea el valor añadido».

El nuevo impuesto sólo se aplicará a empresas con un elevado importe de ingresos anuales, de forma que no grave a las pequeñas y medianas empresas. La tasa sólo gravará por los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios digitales, que son los más difíciles de capturar por los sistemas tributarios actuales.

El Gobierno explica que, durante la tramitación parlamentaria, las medidas de apoyo al colectivo de pensionistas también han sufrido «alguna modificación». Aunque se mantiene el escenario de incremento de las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas, que se actualizarán un 3% en total, tal y como estaba previsto en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno informa que se ha decidido que la revalorización de las pensiones alcance el 1,6%, superando con creces el anterior escenario del 0,25% que determinaba la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2013 en caso de desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, como así ocurre. También se contempla que la base reguladora de las pensiones de viudedad se incremente en cuatro puntos porcentuales. Estas subidas de las pensiones por encima de lo previsto en el Proyecto de PGE, presentado al Congreso el pasado 3 de abril, supondrá un coste adicional de 1.522 millones a las arcas del Estado.