El Gobierno, dispuesto a retrasar la reforma de la estiba para intentar llegar a un acuerdo

El Gobierno está dispuesto a retrasar la fecha de la votación en el Congreso de la convalidación del real decreto ley de reforma del sector de la estiba, prevista en principio para el próximo jueves, para dar margen a un acuerdo entre los estibadores y la patronal.

Las reforma del sector de la estiba se ha convertido en un tira y afloja entre los sindicatos y el Gobierno, que en las últimas horas ha vivido varios giros considerables. Si el jueves por la tarde los estibadores anunciaban que desconvocaban los dos primeros días de huelga de los nueve convocados inicialmente, ayer era el Ejecutivo el que movía ficha. En una combinación de gesto de buena fe hacia la estiba y de movimiento para ganar tiempo ante la falta de apoyos parlamentarios, el Gobierno afirmó estar dispuesto a retrasar la convalidación del real decreto ley, prevista en principio para el próximo jueves.

«En este marco de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, creemos que hay margen para un acuerdo y si necesitamos más tiempo, estamos dispuestos a dar más tiempo para ese acuerdo», afirmó ayer el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. A la espera de la evolución de las próximas reuniones entre las empresas y los trabajadores, podría tomarse la decisión de posponer la votación en el pleno del Congreso, si bien este tema no puede retrasarse «sine die», por dos motivos: primero, porque el plazo máximo para convalidar el real decreto ley es de un mes a contar desde la aprobación por el Consejo de Ministros, que se produjo el pasado 24 de febrero. Plazo que peligra ante la falta de apoyos parlamentarios a la actual reforma. Tanto el PSOE, como Ciudadanos y Podemos han manifestado ya que votarán en contra si los estibadores no alcanzan primero un acuerdo con la patronal. Y segundo, porque la multa de 21 millones de euros que España podría tener que pagar a la Unión Europea por no acabar con el monopolio en el sector aumentaría en 134.000 euros diarios si hay una segunda sentencia europea.

Aunque el Gobierno se mostró dispuesto a «ayudar» para que se alcance un acuerdo entre las partes, lo hará desde fuera, sin interferir directamente en las negociaciones. Además, el portavoz del Ejecutivo evitó valorar la petición de «ayudas públicas» de la patronal como requisito para mantener las actuales condiciones de empleo de los estibadores. Méndez de Vigo pidió «responsabilidad», tanto a los sindicatos como a las empresas, pues advirtió de que si se mantiene el conflicto, el acuerdo podría llegar demasiado tarde. «Podemos llegar a un acuerdo que esté vacío de contenido porque no haya tráfico de mercancías. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de actuar», afirmó el ministro.

En la misma línea se pronunció ayer la patronal, que valoró con «cautela» la desconvocatoria parcial de la huelga «por el daño irreparable que ya ha causado la amenaza de huelga por segunda vez consecutiva a lo largo del último mes». Anesco manifestó su «malestar» por los perjuicios ocasionados, «tanto en la imagen como en la competitividad de los puertos españoles, con el desvío de tráficos irrecuperables».

Por si finalmente no se consigue evitar la huelga, el Ministerio de Fomento ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 100% durante los paros convocados por los estibadores a partir del próximo 10 de marzo. Este sería el caso de las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, pasajeros, situaciones de emergencia y productos esenciales para las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.