El Gobierno limita los «moscosos» de los funcionarios

Hasta ahora, los días de permiso por asuntos particulares aprobados en 1983 no estaban vinculados al periodo trabajado.

La Comisión Superior de Personal de la Administración General del Estado, en la que no están presentes los sindicatos, ha distribuido a los diferentes departamentos un acuerdo sobre los criterios por los que los funcionarios pueden disponer de sus días de libre disposición, los denominados «moscosos», por el que se introduce «un nuevo requisito de proporcionalidad, de tal manera que los días de asuntos propios serán proporcionales al tiempo efectivamente trabajado durante el año natural», según ha denunciado hoy la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Aunque la Secretaría de Estado de Función Pública ha matizado en un comunicado que no se trata de un recorte de los «moscosos», –seis días de libre disposición por asuntos particulares, más dos días más al cumplir seis trienios en la Administración, más un día extra adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo– sino de una «aclaración» que afecta exclusivamente a los empleados públicos de nuevo ingreso y relativa solo a si deben o no computar los períodos de práctica o cursos, CSIF mantiene que la nueva interpretación limita también «de manera expresa, entre otros casos, los días de libre disposición de las mujeres víctimas de violencia de género que se reincorporen de una excedencia y los de las personas que se acojan a una excedencia por cuidado de familiares», un extremo que el Gobierno ha tachado de «manipulación».

Hasta ahora, los días de permiso por asuntos particulares aprobados en 1983 no estaban vinculados al periodo trabajado y, por tanto, no estaban sometidos a prorrateo ni eran proporcionales al tiempo de servicio, recuerda CSIF. Estos días, se disfrutan desde 1983 cuando el entonces ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, los aprobó para compensar a los empleados públicos por la pérdida del poder adquisitivo, puesto que los sueldos no se incrementaban al ritmo del IPC. Estos días fueron reducidos en 2012, durante la crisis económica y posteriormente fueron recuperados por los empleados públicos.