Andreu ve motivos para llevar a juicio a Blesa y Rato por las tarjetas «black»

Los hechos pueden constituir delitos de administración desleal y/o apropiación indebida.

Punto y final a la investigación por el uso presuntamente fraudulento de las tarjetas «black» de Bankia y Caja Madrid, entre los años 1999 y 2012. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha finalizado la instrucción de este procedimiento y considera que, a la vista de todas las diligencias practicadas, hay motivos más que suficientes para juzgar a los ex presidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, así como a otros 64 ex directivos de esas entidades. El magistrado concluye que los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de esas tarjetas) podrían haber incurrido en un delito de administración desleal, y en el de apropiación indebida en el del resto de directivos que las utilizaron. Andreu otorga ahora un plazo de diez días a la Fiscalía y demás acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral –lo que así sucederá– y presenten sus respectivos escritos de acusaciones, el sobreseimiento de la causa –del todo improbable– o, excepcionalmente, la práctica de alguna diligencia.

En su resolución, Andreu rechaza la petición de sobreseimiento planteada por siete imputados y la práctica de nuevas diligencias solicitadas por el ex secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y el ex consejero por Comisiones Obreras, Pedro Bedia Pérez, por considerarlas «innecesarias». El magistrado, en cambio, sostiene que la instrucción debe darse por conclusa, al haberse practicado «todas las diligencias esenciales», sin perjuicio de aquellas que determine el tribunal que celebre el juicio oral.

De esta forma, sostiene que hay indicios de delito en todos los que utilizaron esas tarjetas, por tres motivos fundamentales: se emitieron fuera del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas de empresa de las entidades; inexistencia de soporte contractual –en el contrato de trabajo o mercantil– ni de previsión estatutaria o decisión de los órganos de gobierno, sobre la existencia de esas tarjetas; y, en tercer lugar, que la utilización de las mismas no tenía como finalidad los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales.

De esta forma, sostiene Andreu en este último punto, «las cantidades dispuestas mediante el uso de tales tarjetas» debieron tratarse como retribuciones irregulares, «dado que las mismas no tenían soporte contractual ni las cantidades recibidas eran declaradas a la Hacienda Pública».

Disposición libre del saldo

De esta forma, añade al respecto, el beneficiario de esa tarjeta «podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta».

Por esos motivos, Andreu concluye que «existen indicios fundados de criminalidad contra los integrantes del consejo, de la comisión de control y ejecutivos de Caja Madrid y Bankia» que recibieron de estas entidades unas tarjetas de crédito emitidas para gastos personales sin contrato.

La lista de ex directivos a los que Andreu propone sentar en el banquillo de los acusados está formada por 66 ex directivos de Caja Madrid y Bankia propuestos por PP, PSOE, IU, los empresarios y los sindicatos, que cargaron 14,6 millones de euros a las tarjetas opacas, de cuya emisión hace responsable al expresidente de la primera entidad Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros.