El negocio bancario sigue sin ser transparente

Tras el desplome de Lehman Brothers, parecía claro que los métodos de valoración de riesgo habían sido insuficientes. Todavía hoy está extendida la opinión de que la información estaba allí, pero se ignoró o no se supo ver el riesgo. Sin embargo, cuando se estudia lo sucedido con la finalidad de prevenir nuevos casos, merece la pena preguntarse si realmente es así o si esa imagen es resultado de que nos estamos perdiendo algo que no está en las cuentas, sino en las personas. Es por ello que desde el verano de 2007 hemos visto cómo en un primer momento las autoridades se volcaron en mejorar la solvencia de las entidades y controlar el riesgo sistémico, fundamentalmente con la finalidad de evitar nuevos casos como el de Lehman, y sólo más recientemente –toda vez que la solvencia de las entidades se ve reforzada– es cuando la atención se ha fijado en el problema de fondo que causó la actual crisis, más relacionado con el riesgo moral y las conductas inadecuadas por parte de las entidades financieras y de los profesionales de la inversión en general. Es ahí donde queda mucho por hacer con el fin de evitar o amortiguar el impacto de nuevos casos, pues del mismo modo que ninguna señal de tráfico o limitación de velocidad evita la mala conducción de un temerario al volante, ninguna regulación y supervisión es suficiente contra conductas de gestión irresponsable. Si de algo ha servido Lehman Brothers es para demostrar que no estamos ante un problema causado por la crisis económica, sino ante una deficiente regulación del sistema financiero mediante normas de conducta, y para poner de manifiesto la falta de transparencia y oportunismo de algunas entidades bancarias en determinadas inversiones que han comprometido la reputación de todo el sistema financiero desde las entidades hasta incluso los supervisores, convirtiendo lo que inicialmente eran malas prácticas por parte de las entidades en un problema social yuna carga brutal para el contribuyente.

Efectivamente no resulta fácil encontrar el equilibrio entre un marco legal justo y equilibrado y su aplicación efectiva para que los inversores puedan adoptar decisiones de inversión con conocimiento de causa y en igualdad de condiciones, evitando que se reproduzcan las circunstancias que dieron lugar a la caída de Lehman Brothers, u otras de origen análogo, especialmente cuando ha quedado probado que ni las entidades financieras han cumplido con sus obligaciones ni los intermediarios con las más elementales normas de conducta. Los inversores han comprendido que existen graves faltas de independencia y conflictos de interés, sobre los cuales es necesario actuar en defensa del interés general, pues el desamparo del inversor no es una cuestión estrictamente económica, sino que afecta a toda la sociedad. Esto es así porque los efectos de una incorrecta actuación por parte de los profesionales de la inversión se extienden más allá del propio sistema financiero, primero como resultado de la pérdida de confianza, y luego comprometiendo a todo el ecosistema financiero. El correcto funcionamiento del sistema financiero y específicamente la conducta de quienes actúan en él deben ser vistos como una cuestión de Estado. A modo de ejemplo próximo: difícilmente podemos plantear cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de las pensiones, la adopción de modelos de capitalización alternativos, o animar a los ciudadanos a ahorrar para su jubilación si no somos capaces de proteger correctamente el ahorro a largo plazo. No es equilibrado desde esta perspectiva colocar en plano de igualdad el derecho a la elección del consumidor de un producto financiero con su derecho a ser protegido de productos complejos e inadecuados que pueden resultar peligrosos para toda la sociedad.

Si de verdad queremos evitar nuevos casos como el de Lehman Brothers, el negocio bancario no puede seguir siendo realizado en una suerte de tierra de nadie con patente de corso y ninguna transparencia, tal y como sucede ahora, puesto que los supervisores de mercados tienden a centrarse en cuestiones generales de regulación y solvencia sin implicación directa para el consumidor, mientras que los organismos y autoridades de protección al consumidor tienden a considerar el servicio financiero como algo ajeno a su competencia. Lo que finalmente resulta en un desamparo del inversor, cuya necesaria confianza en el sistema financiero no se ganará con más rescates ni protegiendo a los responsables de sus desmanes tras la pancarta «demasiado grande para caer», sino con transparencia, competencia, responsabilidad, independencia y profesionalidad.