El turismo del siglo XXI busca un marco legal homogéneo

España es un país turístico por excelencia que va creciendo año tras año. No es una anomalía que las cifras crezcan y crezcan y aporten al PIB unos porcentajes envidiables por muchos países de nuestro entorno y faciliten la creación de empleo en los meses más importantes, que ya superan con creces lo que conocemos como meses de verano. Sin embargo, este crecimiento genera problemas en los grandes centros urbanos, las nuevas tecnologías abren espacios diferentes en este mercado y la situación de crisis hizo que muchas familias contemplaran ceder para los turistas su vivienda habitual. La oposición al turismo se recrudeció con la llegada a los ayuntamientos de las fuerzas situadas en el entorno de Podemos. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, fue su referente cuando dictó la moratoria para las plazas hoteleras, dejando a la ciudad encorsetada. Decía Colau que el turismo masivo era perjudicial para los barrios, pero se limitó a acotar el turismo de hoteles de lujo lo que hizo proliferar el turismo barato y el alquiler de pisos, también mucho más barato que los hoteles. Con este lío, Colau inició una nueva cruzada contra las plataformas que, utilizando nuevas tecnologías, alquilaban pisos. Sin regulación y sin legislación, la ley de la selva se impuso porque el turista era una especie de elemento perturbador que debía ser expulsado, sin tener en cuenta, que el turismo en la ciudad es una pieza clave en su economía.

Turismofobia

Por si fuera poco, la CUP lanzó el año pasado una campaña de turismofobia que pretendía expulsar a los turistas. Los anticapitalistas protagonizaron unos hechos que acapararon la atención y significaron, en contra de sus previsiones, la creación de un nuevo escenario forzando al consistorio a dialogar con hoteleros, comerciantes, plataformas y restauradores, la columna vertebral de la industria turística. La suerte de estas conversaciones va por barrios, pero la sociedad económica turística y el consistorio están negociando. El último gran acuerdo lo protagonizó la plataforma Airbnb con el ayuntamiento de la capital catalana, no sin muchos sinsabores y problemas. Este escenario dibujado para Barcelona sirve para otras ciudades. También para Madrid que está negociando con Airbnb un acuerdo similar para la capital española.

Sin embargo, la amalgama de situaciones regulatorias deja al sector turístico al pairo. El presidente de la CNMC, José María Martín Quemada, alertaba hace unos días, en una conferencia en la Universidad de Santander, que es necesaria una normativa lo más homogénea posible para el sector.

Con la llegada del verano aumenta la presión sobre la situación turística, pero el marco legal adecuado en el sector, con la vieja industria y con las nuevas tecnologías que cada vez tienen más presencia, sigue siendo el gran olvidado. Cada ayuntamiento tiene su normativa y cada comunidad autónoma prepara la suya. Un ejemplo, la Ley de Turismo de Cataluña está pendiente de aprobar desde hace cuatro años, y seguramente si no se afrontan las innovaciones que se registran en el sector quedará desfasada. Esta ley catalana regula los pisos turísticos, que son los gestionados por profesionales, contempla también la regulación del «home sharing», el alquiler de habitaciones y de pisos que realizan familias y que ha crecido de forma exponencial a causa de la crisis y porque abre una nueva forma de hacer turismo. El «home sharing» que propone la Generalitat se reduce sólo al alquiler de habitaciones por particulares, olvidándose que en Europa se está consolidando un modelo que facilita que se comparta la residencia habitual cuando se ausentan los propietarios de manera temporal, ya sea por trabajo o vacaciones.

Municipios fuera de juego

Esta regulación dejaría fuera de juego en el sector a centenares de municipios afectando a su economía. Sí se quiere apostar por luchar contra la masificación del turismo y apostar por la regulación de esta nueva fórmula, el «home sharing». Si esto no se regula se abren las puertas a un mercado negro alejado de las grandes plataformas. Y si se hace mal, como en el caso de Baleares y Palma de Mallorca, que se prohíbe el alquiler de viviendas, el desastre es una crónica anunciada. En el caso de esta última ciudad, desde la aprobación de la Ley las plataformas han crecido apenas un 5%, mientras que, en teoría, se han eliminado de un plumazo miles y miles de pisos de alquiler turístico. Realmente es necesaria una legislación armónica del turismo en España. Tenemos una regulación del siglo XX para un turismo del siglo XXI, diferente según en qué comunidad o en qué localidad, una masificación que es necesario arbitrar y darle salida porque muchos turistas prefieren un turismo mucho más cercano a las sociedades que visitan, implicándose más que los tradicionales turistas de hotel, y unas nuevas formas tecnológicas que tienen que estar al servicio de su entorno más inmediato. Estas plataformas, como Airbnb, han demostrado que son posibles los acuerdos. Ahora las administraciones deben jugar sus cartas y buscar los puntos de encuentro para que el turismo tenga una legislación del siglo XXI.

¿Qué es el «home sharing»?

El «home sharing» es un fenómeno mundial que ha crecido de forma vertiginosa en Europa en los últimos años, por el que un ciudadano puede alquilar su vivienda a un tercero cuando se ausenta por motivos laborales, vacacionales o personales. También se considera «home sharing» el alquiler de una habitación. Estas personas o familias buscan tener ingresos ocasionales que favorecen su economía pero que también ayudan a configurar la calidad del turismo. Si compartes tu hogar o lo cedes, el titular de la vivienda es muy cauteloso eligiendo quién deja entrar en su casa, revisando de forma escrupulosa el perfil de los ocupantes ocasionales. Es una fórmula para apostar por un turismo sostenible y diversificar los ingresos entre toda la población.