En la UE no hay precedentes

- ¿Cuál sería el impacto de la publicación de las listas de defraudadores?

–Esta propuesta presenta un problema que todavía no está despejado: el conjugar el derecho a la información con el derecho a la intimidad. Fomentar la delación y hacer públicos los listados de defraudadores tendría un efecto positivo, ya que a las personas no les gustaría quedar retratadas en esas listas. Sin embargo, más que un listado de individuos condenados por fraude sería necesario acompañarla con un listado de empresas, con deudas más importantes, que hayan cometido delito fiscal.

- ¿Cuál es la situación tributaria de las grandes empresas en España ?

–La práctica nos dice que las personas condenadas por delitos fiscales son personas que no tienen acceso a una buena defensa, mientras que las multinacionales, a través argucias legales, llevan el 90% de sus beneficios fuera de España. Sobre ese 10% que contabilizan aquí, únicamente pagan un 3,5% a la Hacienda pública.

- ¿Los ministerios de Hacienda de otros países pagan confidentes?

–No, estas medidas no las aplica ningún país de nuestro entorno, no existen fondos reservados en la agencia tributaria de ningún Estado europeo. El único antecedente que existe es el de un informante que vendió información a los servicios secretos alemanes sobre defraudadores germanos con capitales en Liechtenstein.

- ¿Serán efectivas estas medidas en la lucha contra el fraude fiscal?

–En caso de que pudieran llevarse a cabo, se trataría de medidas beneficiosas en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Además de la pena retributiva correspondiente, se impondría una sanción adicional por ese compartimiento delictivo.

Al margen de la propuesta de los técnicos, resultaría positivo conocer y obligar mediante una reforma del código mercantil a que en los informes de gestión de las empresas se indique el volumen de ventas que generan en el país, así como el número de beneficios y la cantidad de impuestos que abonan en el extranjero. Un ejemplo fueron las ventas on-line de Zara: era un empresa irlandesa la que nos vendía las prendas por internet y a raíz de una movilización ciudadana, la dirección decidió pagar en España por las ventas de esas filiales on-line.

*Secretario general de Gestha