Endesa pide crear un fondo para la pobreza energética

Borja Prado demanda formar «cuanto antes» un gobierno «estable y capaz de impulsar nuestro orgullo de pertenecer a una España fuerte»

Endesa propuso ayer la creación de un fondo contra la pobreza energética que sustituya al actual bono social, al que están acogidos actualmente unos 2,4 millones de consumidores. El bono social aplica una rebaja del 25% en la factura eléctrica a los consumidores con menores recursos y supuso el pasado año un coste de 180 millones de euros para las eléctricas. En el transcurso de la Junta General de Accionistas de Endesa, celebrada en Madrid, la compañía planteó un nuevo sistema en el que primen los niveles de renta de los hogares a la hora de poder beneficiarse de ayudas.

Según el actual sistema, tienen derecho a acogerse al bono social los hogares con menos de 3 kilovatios de potencia contratada en los que vivan o bien pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos los miembros en situación de desempleo. Sin embargo, según las eléctricas, la amplitud de criterios del bono social permite que se beneficien de estas ayudas consumidores que podrían afrontar el pago de la factura sin problemas en detrimento de otras familias que, estando en una situación más compleja, podrían ver ampliada esa ayuda. Por eso, tanto el presidente de Endesa, Borja Prado, como el consejero delegado, José Bogas, propusieron que sean los ayuntamientos los que identifiquen a las familias a las que sea necesario garantizar el suministro y se liberen recursos para esos consumidores insolventes.

La propuesta responde al anuncio de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de sancionar a Endesa y Gas Natural Fenosa por su «falta de compromiso» al abordar la pobreza energética. Colau acusa a ambas eléctricas de realizar cortes «ilegales» a familias sin recursos, un extremo que negó tajantemente Bogas. «Nosotros no cortamos (la luz) absolutamente a nadie. Que los servicios sociales nos digan quién está en vulnerabilidad energética», explicó Bogas. Para abordar éste y otros asuntos y tras recordar que la contribución fiscal total de Endesa ascendió a 4.213 millones de euros en 2015, es decir, 11,5 millones de euros diarios (el 96% en España), Prado pidió aclarar la incertidumbre política ante el «momento crucial» que atraviesa España después de un 2015 que supuso un «claro punto de inflexión» en la recuperación económica.

Prado fue claro al asegurar que, por la estabilidad, por el crecimiento, por el descenso del paro y, desde luego, por las necesidades de regulación del sector energético, es «imprescindible» que se forme un gobierno «estable y capaz» de activar de nuevo las instituciones, la industria y las empresas. «Y, por descontado, capaz de impulsar nuestro orgullo de pertenecer a una España fuerte y llena de oportunidades». «Debemos recuperar nuestro puesto como un país de referencia para los grandes inversores internacionales, para quienes resulta fundamental tener unas garantías firmes de estabilidad», dijo.

Sobre la continuidad de la central nuclear de Garoña, de la que parece haberse descolgado Iberdrola (socio de Endesa en Nuclenor), Endesa descartó hacerse con el 100% de Nuclenor y comprar su participación a Iberdola. A la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear, Endesa confirmó que su decisión sobre Garoña será «empresarial y no política».