Las energéticas alertan: hacer permanente el impuesto especial dificulta mucho las inversiones renovables de 252.000 millones que el Gobierno espera que hagan hasta 2030

El sector energético está viendo como uno de sus peores temores está cerca de convertirse en realidad, que el impuesto temporal y extraordinario establecido a finales de 2022 al 1,2% de los ingresos de aquellas compañías que facturan más de 1.000 millones se convierta en permanente.

El plan de ajuste fiscal remitido la pasada semana por el Gobierno a la Comisión Europea recoge cambiar de carácter temporal a indefinido el gravamen para obtener recursos -unos 2.000 millones al año sumando el impuesto a la banca- con los que cumplir con las reglas fiscales europeas en los próximos años. Y Economía se ha puesto manos a la obra.

El Ejecutivo está maniobrando para consolidar el gravamen a través de una enmienda en la que se recogen otras cuestiones y que quiere incluir en el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados por el que se establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición a los grupos multinacionales y a los grupos nacionales de gran magnitud. El plazo para presentar enmiendas a este proyecto acaba mañana miércoles. Y el sector se teme lo peor, que se acabará aprobando. El PNV habría dado ya su visto bueno a la medida al concertarlo y asegurarse así la posibilidad de que las empresas energéticas que hagan inversiones en el País Vasco se lo deduzcan, con lo que no tendría efecto. La duda está en qué hará Junts.

Competencia desleal

Sin citar al PNV ni al País Vasco, la patronal catalana, Foment del Treball, advirtió ayer en una nota de prensa que la conversión en permanente de este gravamen, que tilda de «golpe fiscal», se convierte en «un elemento desestabilizador entre los territorios y para la libre competencia. Si alguna comunidad autónoma tuviera la posibilidad de compensar el impuesto a las empresas localizadas en su territorio, provocaría un agravio comparativo además de generar una competencia desleal», advierte esta patronal.

Desde el sector advierten además de que, si sale adelante, va a ser muy complicado llegar a las inversiones previstas en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que contempla que hasta 2030 se movilicen 308.000 millones de euros para transición energética, un 83% de ellos, unos 252.000 millones de euros, por parte del sector privado.

«Si se consolida el impuesto, ya te digo yo quién va a venir a invertir aquí», advierten desde el sector, que contempla estupefacto la intención del Gobierno de consolidar el impuesto.

Las energéticas siguen sin comprender el empeño en perpetuar en el sistema tributario una medida que consideran «discriminatoria» y «aleatoria» y que según argumentan, perjudica a la propia transición ecológica que quiere empujar el Ejecutivo al penalizar las inversiones. Añaden, asimismo, que el impuesto va en contra de la política industrial que se propugna desde Bruselas. Como recuerdan, en los últimos meses, las conclusiones de los informes encargados por la Comisión Europea tanto a Enrico Letta como a Mario Draghi proponen reorientar Europa y reindustrializarla, movilizando la inversión necesaria para conseguir dos de los grandes objetivos de la UE: la descarbonización y una mayor autonomía, tanto económica como de seguridad. Y con estas políticas, insisten, se frena la inversión.

De prosperar las intenciones de Moncloa, España se convertirá, de hecho, en el único país europeo que mantendrá esta tasa, con la consiguiente pérdida de capacidad de inversión frente a otros competidores europeos, como ha advertido ya Endesa. Y lo hará, además, en contra del criterio de la UE sobre el impuesto. En un informe de la Comisión Europea al Consejo de noviembre de 2023 ya se advertía de que el descenso de los precios de la energía ese año y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, habían llevado a las empresas energéticas a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios excedentarios de 2022, lo que justifica la desaparición del impuesto. Cuando se empezó a aplicar, el petróleo tipo Brent cotizaba a 100 dólares por barril, el gas Henry Hub (HH) a 6,6 euros y el margen del refino se situaba en 15,6 euros el barril. Hoy, el Brent cotiza a 73,42 dólares por barril, el HH a 2,29 dólares y el margen de refino es del 4%. Esto implica que el Brent ha caído cerca de un 30%, el HH cerca del 70% y el margen de refino cerca del 80%.

Repsol ha optado ya por trasladar una inversión de hidrógeno verde a Portugal

Sin haberse siquiera consolidado ya como definitivo, el impuesto ya ha empezado a tener efectos. Repsol, por ejemplo, mantiene en «stand by» inversiones renovables por valor de casi 1.500 millones de euros a la espera de ver qué ocurre con el gravamen. Además, ha tomado la decisión de trasladar un proyecto de inversión de 15 millones de euros en hidrógeno verde de 4 MW al complejo industrial portugués de Sines.

Para otras compañías como Cepsa, el impuesto también supondrían un duro golpe. Esta compañía ha hecho una apuesta muy fuerte por el hidrógeno verde en Andalucía. Y el gravamen sería especialmente delicado para estos planes y para la compañía en general al tener sus inversiones acotadas a España.