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Foment insta al Govern a frenar el impacto negativo del impuesto energético sobre el sector
El gravamen a las compañías eléctricas pondría en peligro la transición energética de España, alerta la patronal
Foment del Treball solicita al Govern de la Generalitat que intervenga para evitar que el impuesto temporal a las energéticas, aplicado en 2022, se convierta en permanente. Este impuesto fue implementado inicialmente como una medida temporal y excepcional para hacer frente al alza de precios causada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, Foment considera que su extensión indefinida es un ataque a la economía y acusa al gobierno central de imponer una carga desproporcionada y discriminatoria sobre el sector energético.
La patronal catalana argumenta que el sector energético ha reducido los precios a niveles previos a la crisis, lo que hace injustificada la permanencia del gravamen. Además, advierte que la continuidad de este impuesto podría poner en peligro inversiones clave en el país, afectando la competitividad de la industria y la creación de empleo. Foment alerta sobre el posible impacto negativo en proyectos estratégicos como el polo químico de Tarragona, lo que aumentaría la dependencia energética de España respecto a otros países.
Uno de los puntos clave que destaca Foment es la necesidad de inversiones significativas para cumplir con los objetivos de transición energética acordados con la Unión Europea. Según la entidad, España requiere más de 300.000 millones de euros en inversiones durante los próximos cinco años para mejorar las redes de distribución y transporte de energía, así como para desarrollar fuentes de energía renovables. El impuesto a las energéticas, según Foment, haría que estos proyectos no sean rentables, obstaculizando así el progreso hacia una economía más sostenible.
Foment también expresa preocupación por el impacto de este impuesto en la seguridad jurídica y regulatoria del país. Critica lo que considera una centralización del poder en el Ministerio de Transición Ecológica, que tendría la última palabra sobre qué proyectos energéticos serían deducibles de impuestos. Esto, a juicio de Foment, limita la autonomía de las comunidades autónomas y podría generar desequilibrios territoriales, ya que algunas regiones podrían compensar este impuesto, lo que crearía competencia desleal entre comunidades.
Por último, Foment advierte que este impuesto no solo afecta al sector energético, sino que también representa un aumento indirecto en los precios de productos derivados del petróleo, como la gasolina y el gasóleo, impactando negativamente en todos los ciudadanos.
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