España "oculta" a la UE el ranking de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos

Hace algo más de tres años, sonaban las trompetas y los aplausos en Moncloa, con la entrada triunfal del Presidente anunciando un victorioso acuerdo histórico con Europa por el que se iban a acabar todos nuestros males ya que España, para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, iba a recibir una ingente cantidad de dinero de la que, casi la mitad, era a fondo perdido. Todo un chute en vena de dinero que, al menos en teoría, debía llegar a la economía real, hasta el fondo del pasillo de nuestra economía, para transformar nuestro modelo productivo y la sociedad. Pero no es fácil, para la administración, la digestión del proceso para poder gastar inteligentemente la enorme avalancha de dinero, menos aún canalizarlo adecuadamente.

Hasta el momento hemos recibido tres pagos por importe total de 37.000 millones de euros, de los que las malas lenguas dicen que sólo se ha gastado una parte, mientras que aún quedan por desbloquear unos 125.000 millones, de los que unos 30.000 podrían llegar el próximo año y otros 10.000 a finales del presente, sin que la maquinaria de la administración esté suficientemente engrasada para digerirlos. Desde los inicios, muchos economistas pronosticaron que nuestras administraciones no tenían la suficiente capacidad para absorber el tsunami de dinero concedido, además de que la excesiva burocratización ralentizaría el proceso de adjudicación y limitaría las posibilidades de los pequeños empresarios, carentes del tiempo, marca, infraestructura, asesores legales y pulmón financiero necesarios para identificar proyectos y navegar entre la marea burocrática.

En esta línea, muchos advertían que la efectividad de dichos fondos se materializaría en la medida en que llegase hasta el fondo del pasillo de nuestra economía, recorriendo las venas de nuestro tejido productivo para alcanzar a pymes y autónomos. A día de hoy, más allá del famoso kit digital, no se evidencia ningún cambio de calado en nuestro país, mientras que existe la percepción de que las grandes empresas son las principales beneficiarias y no están haciéndolo llegar al resto de los agentes económicos.

Sea como sea, además de la incertidumbre, es evidente la falta de transparencia y, ante esta realidad, Bruselas solicitó poner luz y taquígrafos sobre la gestión de los dineros para lo que exigió que cada país publicase la lista de los 100 principales destinatarios de los fondos recibidos, concediendo un plazo de dos meses para ello. Más de medio año después, algo tan elemental como dicha lista, sigue siendo un enigma a resolver, pues sólo 19 países la han publicado, mientras que España, remolonea y lleva todo este tiempo mareando la perdiz como un cuñado que te esquiva cuando te debe dinero.

Para investigar por qué no llegan los fondos al ciudadano de a pie, necesitamos saber a quién se le adjudica para seguir la ruta del dinero. La concesión de estos fondos fue vista como si a nuestro país le hubiese tocado la lotería, pero existe la sensación de que le ha tocado sólo a algunos y que es un secreto de Estado. Si damos dinero a un hijo para que compre libros de estudio y no conseguimos que nos los muestre, el plato de la sospecha estará más que servido y la próxima vez que nos vuelva a pedir, probablemente se lo negaremos. Si el Gobierno no es capaz de hacer una simple lista, Bruselas podría bloquear el resto del dinero, la adenda propuesta e incluso, solicitar la devolución de todo o parte del recibido. Y como dicen algunos “¿Ande andará?”

Juan Carlos Higueras es Doctor en Economía y profesor de EAE Business School