España redobla la renovable: el sol será el rey, la nuclear en el punto de mira y el fin del carbón

España redobla la apuesta renovable salvo para la nuclear. El nuevo Plan de Energía y Clima que enviará el Gobierno a Bruselas se marca un meteórico desarrollo de energías verdes que impone, para su consecución en 2030, una inversión de casi 300.000 millones de euros, muy por encima de los 220.000 millones contenidos en el anterior PNIEC. De los hasta 294.000 millones de euros, un 85% provendrá del sector privado y el 15% será público, especialmente impulsado por los fondos europeos (11%).

El Ministerio de Transición Ecológica pretende así que en menos de siete años el 81% del consumo de electricidad provenga de fuentes renovables frente al objetivo del 76% que marcaba el anterior plan, según el borrador. El porcentaje de renovables sobre energía final pasa del 42%al 48%. La dependencia energética se reduce así del 61% al 51%.

La actualización supone un espaldarazo a casi todas las tecnologías de generación eléctrica verdes, a excepción de la nuclear, que el departamento que dirige Teresa Ribera no considera con etiqueta "eco" y sobre la que mantiene el mismo calendario de cierre que dejaría reducida su potencia actual disponible de 7.400 MW a 3.181 MW pese a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ya ha dejado la puerta abierta a una posible extensión de la vida útil de las centrales.

En cualquier caso, en 2030, de los 214 gigavatios de potencia eléctrica en España (160 GW en el anterior plan), 160 GW serán renovables y 22 GW adicionales estarán almacenados.

La eólica sigue creciendo aunque en menor proporción que otras tecnologías debido a su gran penetración. Para ese 2030, los molinos dispondrán de 62.044 MW de potencia, 3.000 de ellos de eólica marina, frente a 30.069 actuales y los 50.000 MW que marcaba el anterior PNIEC.

La fotovoltaica casi cuadruplica su potencia desde los 20.054 MW actuales a los 76.000 MW y eso sin sumar el autoconsumo de los hogares y empresas, que ha crecido vertiginosamente, incorporando 2.500 MW de paneles sólo en 2022. En este sentido, el nuevo PNIEC apuesta por alcanzar los 19.000 MW instalados de autoconsumo frente a la horquilla previa de (9.000 MW-14.000 MW).

Pese a todo, el peso de la generación seguirá liderado por la eólica pese a contar con menos potencia instalada que la fotovoltaica, aunque quedarán casi a la par como las dos tecnologías que más electricidad producirán en ese 2030.

Por su parte, el carbón desaparece del mapa en 2025, cuando en 2020 contaba con 10.159 MW instalados, y los ciclos combinados de gas se mantienen inalterados.

El gran impulso se lo llevan las tecnologías que hasta ahora contaban con menor penetración en el "mix" eléctrico: el almacenamiento, el biometano y el hidrógeno verde.

El almacenamiento por baterías o bombeo pasa de 8.000 MW a 22.000 MW. La generación procedente de biometano crece de 10 bcm a 35 bcm y el objetivo del hidrógeno verde casi se triplica: de 4 GW a 11 GW.

El 40% de los casi 300.000 millones de inversión tendrá por destino las energías renovables, el 29% irán a ahorro y eficiencia, el 18% a redes energéticas y un 12% a la electrificación de la economía, que debería alcanzar el 34% en 2030.

Este esfuerzo inversor se calcula que tenga un impacto de un crecimiento del 2,5% adicional en el Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en lo que se refiere al empleo se apunta a una creación de 430.000 y 522.000 puestos de trabajo al año entre 2025 y 2030. Esto supone un aumento en el empleo del 2,6% en 2030 con respecto al escenario habitual.

En el escenario que plantea Ribera en el nuevo plan, todo son bondades. De esta forma, el aumento de la actividad económica inducida por el PNIEC tiene un impacto positivo a nivel de recaudación con los mismos tipos impositivos. Los ingresos públicos aumentarían entre 15.500 y 22.300 millones de euros por año entre 2025 y 2030. Estos ingresos adicionales, según el Gobierno, cubrirían "con creces" los recursos públicos necesarios para financiar el PNIEC (entre 1.200 y 1.400 millones de euros al año) y permitirían dedicar estos recursos adicionales a otros gastos de las administraciones públicas. La financiación pública española representa un 30% de la toda la inversión pública necesaria, ya que el resto (70%) proviene de fondos europeos.