Europa rechaza la propuesta de una «tasa Google» rebajada

España defiende continuar adelante con este impuesto en su versión más ambiciosa.

La propuesta sobre un nuevo impuesto digital, la conocida como «tasa Google», vuelve a entrar en barrena. Los intentos del eje franco-alemán por llevar hacia alguna parte esta iniciativa han vuelto a fracasar ante el boicot de un buen número de capitales para las que una nueva iniciativa menos ambiciosa no es suficiente para dar su brazo a torcer. La Comisión Europea propuso hace meses gravar con un 3% la facturación de tres tipos de actividades llevadas a cabo por los gigantes de internet: la publicidad en línea, los servicios de intermediación entre usuarios y la venta de los datos de los consumidores.

Con ello, aspiraba a recaudar 5.000 millones de euros anuales en la UE y reducir la brecha entre los impuestos que pagan las empresas tradicionales en comparación con las tecnológicas. Para no dañar a las pymes europeas, este gravamen estaba limitado a las empresas con un volumen superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y 50 millones en la UE.

Ante la hostilidad mostrada hasta el momento, Berlín y París acudieron ayer a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho con una nueva propuesta bajo el brazo. Para sacar adelante una iniciativa de estas características se necesita la unanimidad de los Veintiocho y cualquier esfuerzo es bienvenido. Por eso, París cedió en sus pretensiones iniciales y se avino a presentar una nueva tasa suscrita tan sólo a la publicidad en línea.

De esta manera, Francia pretendía vencer las reticencias de muchas capitales, incluida Berlín que también miraba con suspicacia la posibilidad de gravar las actividades llevadas a cabo con los datos de los usuarios. Dentro de estos intentos de aportar flexibilidad a la propuesta inicial, el último borrador aboga por establecer marzo de 2019 como fecha límite para llegar a un acuerdo, pero se garantiza que la nueva tasa tan sólose aplique a partir de enero de 2020. si no existe para entonces un acuerdo global consensuado en la OCDE.

Pero aunque las iniciativas cambian, las respuestas permanecen invariables. Los sospechosos habituales como Irlanda, Suecia y Finlandia se siguen oponiendo de manera contumaz y una mayoría de delegaciones piden más tiempo para examinar la nueva propuesta.

En este segundo grupo de indecisos se enmarcan Letonia, Portugal y Hungría. España figura en una tercera lista de países decepcionados con el tono que está adquiriendo el debate y que están dispuestos a aplicar este impuesto de manera unilateral y ambiciosa, independientemente de lo que piensen el resto de las capitales. España pretende poner en marca este impuesto siguiendo la propuesta del ejecutivo comunitario y aspira a recaudar 1.200 millones de euros, unos cálculos que el ejecutivo comunitario, por otra parte, considera inflados.

«Estamos hablando de una armonización mínima y se contempla que los estados miembros puedan ir más allá. No hay razón para que no vayamos más allá», aseguró ayer la titular de Economía y Empresa Nadia Calviño sin poder evitar su decepción.