La libertad económica de España pierde enteros y se mantiene en el furgón de cola de los países desarrollados. Y así lo demuestra el ranking Heritage, que coloca a España entre los países con menos libertad económica, al situarse en la posición 31 de 38 países de la OCDE, lo que supone estar un 7% por debajo del promedio, una circunstancia que "condiciona el progreso económico y el bienestar del país". Lo apunta el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe anual sobre este concepto, tras el que se muestra "especialmente preocupado" por el deterioro de las condiciones que favorecen la inversión empresarial. "Esta situación limita la capacidad del Estado para responder a crisis, reduce el margen para bajar impuestos y desincentiva la inversión privada".

El IEE achaca también la mala puntuación de España entre las economías más prósperas a factores como el excesivo tamaño del Estado, el elevado nivel de gasto público y el persistente desequilibrio fiscal, sobre todo por la abultada deuda. El informe destaca que España está por debajo de la media de la OCDE en aspectos como la efectividad judicial, el buen gobierno, la carga impositiva, el gasto público, la salud fiscal, la facilidad inversora y la solvencia financiera, lo que provoca que se "limite la capacidad del Estado para responder a crisis, reduzca el margen para bajar impuestos y se desincentive la inversión privada".

En concreto, las causas de este pobre resultado tienen que ver directamente con un gasto público "estructuralmente elevado", una "creciente" presión fiscal sobre empresas y familias y una "evidente" falta de reformas para corregir los desequilibrios presupuestarios. "Las implicaciones son profundas. Una salud fiscal débil limita la capacidad del Estado para responder a crisis económicas, reduce el margen para bajar impuestos y desincentiva la inversión privada". Además, el aumento de la deuda "compromete la estabilidad financiera a largo plazo y puede generar tensiones en los mercados. Sin una corrección decidida, España corre el riesgo de perpetuar un entorno económico poco competitivo y vulnerable", advierte.

Por tanto, recalcan que la libertad de empresa "sigue muy alejada de los países más desarrollados a causa de una regulación excesiva, que representa un obstáculo para el desarrollo empresarial". Al menos en aspectos como los derechos de propiedad, flexibilidad laboral, estabilidad monetaria y apertura comercial sí está por encima de la media, lo que ha llevado a España a un discreto puesto 53 de 184 en la clasificación general mundial, por detrás de las principales economías. El índice de libertad económica (ILE) que analiza estos 184 países concluye que, para 2025, la puntuación media global ha mejorado ligeramente, alcanzando los 59,7 puntos sobre 100, frente a los 58,6 del año anterior. Sin embargo, avisa el IEE de que esta mejora es "modesta" y no oculta el "deterioro de pilares clave como la sostenibilidad fiscal, afectada por déficit crecientes y niveles de deuda pública históricamente altos".

Según las clasificaciones sectoriales, España quedó en el puesto 33 de 38 en términos de salud fiscal, una posición afectada por el "elevado déficit estructural, una deuda pública creciente y una presión fiscal que afecta tanto a empresas como a familias". En cuanto al ranking de facilidad inversora, alcanza en el puesto 20. En el ámbito de la libertad de empresa, superó ligeramente la media de la OCDE, y consiguió 102,1 puntos, sobre base 100. Pese a esa posición, el estudio señala que su posición es "insuficiente" y que España está "muy alejada" de las posiciones de liderazgo dentro de los países más desarrollados.

El ILE se compone de doce indicadores agrupados en cuatro grandes áreas, cada una con tres medidas específicas, y valorados sobre una calificación de 0 a 100. La primera categoría alude al imperio de la ley y compila la información sobre los derechos de propiedad, la efectividad judicial y el buen gobierno. La segunda categoría se relaciona con el tamaño del Estado y agrupa el gasto público, la carga impositiva y la salud fiscal. La tercera categoría se vincula con la eficiencia regulatoria y pondera la libertad de empresa, la flexibilidad laboral y la estabilidad monetaria. Por último, la cuarta categoría evalúa la apertura de los mercados a partir de los resultados en términos de apertura comercial, facilidad inversora y de solvencia financiera. Dentro de estas cuatro categorías, España tiene una puntuación inferior a la de la OCDE en siete ámbitos. En concreto, la puntuación en la que se encuentra más alejada es de -27,7 puntos (salud fiscal), mientras que la diferencia positiva más elevada son apenas 5 puntos (estabilidad monetaria).

También alertan desde el think tank de la CEOE de que la sobrerregulación y la burocracia excesiva "representan un obstáculo "significativo" para el desarrollo empresarial, afectando tanto a la creación de nuevas compañías como a la operativa diaria de las ya establecidas. Por tanto, las empresas ven perjudicada su rentabilidad y "condiciona negativamente su capacidad para invertir en innovación, crecimiento y mejora de la productividad, factores todos ellos que configuran la base de la competitividad a largo plazo". Por otro ello, recuerdan que el excedente bruto de explotación, en términos de Contabilidad Nacional, representa ahora menos del 42% del PIB frente el 44% de 2018.