Filtrar datos fiscales es delito

Asistimos en los últimos días al espectáculo bochornoso de la filtración de datos fiscales de un contribuyente con fines políticos. En efecto, se trata del caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sometido a una investigación por parte de la Agencia Tributaria, sobre cuya legalidad no cabe reproche alguno, como es obvio. Si ha defraudado, que pague.

Lo que sí es reprochable es que el expediente entero contra esta persona, al margen del resultado de la investigación, haya sido filtrado para su publicación. Los periodistas tenemos la obligación de dar salida a cuanto los políticos intentan ocultar, pero el deber de un ministerio o de la Administración es proteger cualquier información que afecte a un ciudadano de a pie, cuyo derecho a la privacidad se vulnera si una información personal no sólo no es protegida, sino que es revelada con fines políticos.

Es este el caso de Alberto González Amador, acusado de defraudar 350.000 euros a Hacienda, en una investigación que apenas acaba de comenzar.

Si defraudó, que se le castigue y pague, pero es ilegal que datos de su expediente hayan sido aireados con frivolidad por la ministra de Hacienda, antes incluso de que fuesen publicados por la Prensa, lo que lleva a pensar que fue María Jesús Montero quien los pudo filtrar.

Se trata de un incumplimiento de la Ley General Tributaria, que tipifica de «muy grave» una conducta semejante, castigada con la expulsión del cargo y de dos a cuatro años de prisión. La Asociación Foro Alternativo y Libertad anuncia una querella contra la responsable de la cartera de Hacienda ante el Tribunal Supremo.