Fomento ofrece blindar el empleo de los estibadores con una norma

De la Serna llama a los grupos parlamentarios a aprobar este jueves el Decreto de reforma del sector porque «el empleo está asegurado»

Íñigo de la Serna ofreció ayer una nueva alternativa para tratar de desbloquear el statu quo en que se encuentra sumido el conflicto de liberalización de la estiba. El ministro de Fomento ofreció recoger en algún «instrumento normativo» el eventual acuerdo sobre empleo que pudieran alcanzar la patronal del sector (Anesco) y los sindicatos en el marco de la negociación colectiva que ahora mantienen. Así lo anunció durante su intervención en el «Foro Cinco Días», en la que, no obstante, advirtió de que esta oferta tiene una línea roja: el Decreto Ley que liberaliza el sector. De la Serna abundó en que su aprobación es «imprescindible» porque así lo exige Bruselas, que ya ha mostrado su total respaldo al texto que será debatido este jueves en el Congreso, según confirmó el ministro. Precisamente, la falta de apoyos de la que adolece el PP en la Cámara para su convalidación –ningún partido lo apoya– podría cambiar con este ofrecimiento. El PSOE, que tiene la llave del decreto, que saldría adelante con su voto a favor o su abstención, ha manifestado que no apoyará el texto si no hay un acuerdo «explícito» entre patronal y sindicatos. Y los representantes de los estibadores siempre han condicionado cualquier salida al conflicto a que los empleos y los derechos laborales de los 6.100 trabajadores que hay ahora oficialmente censados en las sagep –sociedades de gestión de trabajadores portuarios– queden blindados por ley. Si el instrumento que ofrece el Gobierno satisface a las centrales, desbloquearía también la posición socialista y daría luz verde al decreto ley el jueves. El problema ahora es que patronal y sindicatos sólo tienen previsto celebrar una reunión técnica el miércoles, por lo que un hipotécico acuerdo para satisfacer al Partido Socialista parece lejano de cara al jueves. En caso de que las posturas actuales no se moviesen y el Gobierno no pudiese convalidar el decreto, los estibadores han anunciado que no celebrarían la huelga prevista para el próximo viernes. El Ejecutivo todavía dispondría de diez días para aprobar el decreto, hasta el 26 de marzo, fecha en que decaería si no es convalidado por la Cámara.

Fuentes gubernamentales consideran que el «instrumento normativo» que mejor encaja para los planes de Fomento es el desarrollo del decreto ley mediante un reglamento. «Es un instrumento que se podría llegar a negociar incluso con patronal y sindicatos, que recoge aspectos organizativos y no de tipo legal. Baja mucho al detalle y puede recoger aspectos concretos como el convenio colectivo», explican. Desde un punto de vista legal, Fomento evitaría el doble escollo de tener que recibir el visto bueno tanto del Congreso como de Bruselas. «Es una norma de rango inferior que no requeriría del visto bueno comunitario, con lo que se seguiría cumpliendo con la UE. Además, una vez que la aprueba el Consejo de Ministros, entra en vigor sin necesidad de pasar por el Parlamento. Podría estar listo en un plazo máximo de dos semanas», explican las fuentes consultadas.

Lo que parece descartado es tramitar el decreto ley como proyecto de ley si fuera convalidado el jueves en el Congreso. De la Serna ya explicó hace un par de semanas que cualquier cambio en el texto debería ser revisado por Bruselas y que lo más factible es que volviera a tumbarlo.