El fraude eléctrico se dispara y costó 2.000 millones en 2023: 70 euros anuales por cliente

Los tiempos de crisis son sinónimo de fraude. El incremento del coste de la vida, incluyendo los suministros energéticos, ha impulsado el fraude eléctrico, un fenómeno que no para de crecer en España. Los casos se han disparado en el último año y ocasionan pérdidas por valor de más de 2.000 millones de euros anuales para las redes de distribución, según cálculos elaborados por el sector. La peor parte se la llevan el resto de consumidores que sí cumplen con sus obligaciones, ya que la energía que se defrauda la pagamos todos. Como la energía no consta al sistema eléctrico, no colabora con el sostenimiento económico de las redes y ni del mismo sistema, y por lo tanto encarece el importe de la factura de los clientes en concepto de cargos y peajes. Tras repartir la carga del fraude, cada consumidor asume un coste extra anual de 70 euros, el 11% de la factura anual (630 euros de media en 2023 para los consumidores de la tarifa regulada o PVPC).

Hay tres modalidades básicas de fraude eléctrico: manipular el contador; puentear el contador para que la energía no sea medida; y la conexión a la red de conexión. En España se estima que hay más de 200.000 conexiones ilegales, en muchos casos vinculadas a actividades ilícitas como plantaciones interiores de marihuana en casas ocupadas, granjas de criptomonedas –el minado requiere múltiples ordenadores y sistemas de refrigeración–o refugios donde los delincuentes esconden sus botines.

Algunas áreas de Cataluña, el Sur de Madrid, Toledo y Canarias son zonas de especial intensidad en el fraude eléctrico en las que también se producen altos índices de ocupación de viviendas y tráfico de drogas. No obstante, el fraude también se extiende a zonas de alto nivel adquisitivo y actividades del sector terciario (hoteles, restaurantes…).

Del total de fraudes, la mayoría corresponde a hogares, pero sólo representa el 50% de la energía recuperada. La otra mitad de la energía defraudada corresponde a empresas del sector industrial y servicios. Además, desde el sector han detectado un incremento del fraude en tres áreas de suministro: industrial, servicios y residencial.

La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito o falta recogido en el Código Penal (artículos 255 y 623.4) penado con multas de hasta 12 meses de cárcel. Además, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, establece entre las funciones de las empresas distribuidoras las referidas a la detección y puesta en conocimiento de autoridades y clientes de las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida. El artículo 87 del RD 1955/2000 habilita a las distribuidoras a interrumpir el suministro cuando detectan situaciones anómalas en las instalaciones o equipos de medidas.

Las compañías suelen identificar los fraudes tras detectar consumos excesivos que no se corresponden con el número y tipo de suministros asociados a esas instalaciones. La vigilancia se realiza desde los centros de transformación y la información se pone en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que asumen la investigación desde ese momento.

Naturgy, una de las grandes energéticas de España, logró recuperar el pasado año energía consumida de forma fraudulenta por un volumen de 152 GWh -equivalente al consumo de 47.000 hogares–, un 44% más que en 2022 a través de un total de 44.000 actuaciones repartidas entre Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Las actuaciones llevadas a cabo por UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, se saldaron con la apertura en 2023 de más de 12.400 expedientes por fraude en el conjunto de las regiones en las que opera, casi el doble que la cifra registrada el año anterior. Madrid registró el mayor número de casos con 6.450 expedientes, seguida de Galicia (3.000), Castilla-La Mancha (2.750) y Castilla y León (250).

Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por más de 168 dispositivos «indoor», la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 5 GWh, equivalente a la demanda de cerca de 1.600 viviendas.

«El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias diversas. Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y sus vecinos -causan incendios y ponen en riesgo la seguridad-, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico para todos los consumidores y acaba suponiendo un coste para el conjunto del sistema eléctrico, por lo que en UFD estamos comprometidos en la lucha para su detección y erradicación», explica Mónica Puente, directora de UFD.

Los nuevos contadores inteligentes han supuesto un gran paso en la detección de fraude ya que agilizan su detección y la intervención, aunque no siempre depende de la distribuidora eléctrica. En ocasiones es necesaria, por ejemplo, una autorización judicial para acceder a la finca donde se detecta el robo, lo que acaba alargando los plazos de intervención.