El Gobierno pretende darle la vuelta al sistema de oposiciones para los cuerpos superiores de la Administración del Estado A-1, el de mayor exigencia formativa, y A-2, los cuerpos de gestión e introducir de forma generalizada el uso de la inteligencia artificial (IA) en el funcionamiento de la Administración para acelerar los trámites administrativos.

Así lo ha anunciado hoy el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al presentar el "Consenso por una Administración abierta" que contempla que la IA permita dar un salto importante en la administración digital.

Aunque las medidas en lo que respecta a las oposiciones son solo un esbozo y deben negociarse aún con los sindicatos -los de clase tienen escasa presencia entre los cuerpos superiores- suponen un cambio sobre el tradicional sistema de oposiciones.

Según el nuevo modelo, se hará una prueba de acceso específica para los puestos a cubrir. Quienes obtengan las mejores notas pasarán a realizar un máster de dos años que finalizará con un examen definitivo para obtener la plaza.

Se convocarán así más plazas de las necesarias y se habilitarán centros de formación e institutos para impartir estos máster.

Función Pública ha asegurado que quiere adaptar los nuevos perfiles de ingreso a las nuevas profesiones que han surgido, por lo que considera imprescindible una formación obligatoria posterior y previa a la asignación de la plaza.

¿Qué pasará con los aspirantes que no aprueben el examen? Recibirán un título por los estudios que han cursado que tendrán reconocimiento oficial.

Para los grupos C1 y C2, la formación se recibirá una vez se obtenga la plaza, es decir, una vez se esté en el puesto de trabajo. En el resto de categorías de oposición se mantendrá el actual sistema de oposiciones.

Digitalización

Respecto a la estrategia de digitalización de la Administración, contará con un presupuesto de 43 millones de euros y permitirá que la Administración del Estado se beneficie del potencial de los sistemas de IA para los gobiernos, "desplegando todas las salvaguardas".

Sin cita previa

Respecto a la agilización de los trámites se pretende eliminar la obligación de tener que solicitar cita previa en los trámites administrativos, lo que requerirá no obstante de un cambio legal.

Asimismo, se agilizará la burocracia ofreciendo los formularios precumplimentados, gracias al sistema "SimplexEsp", funcionando de una forma parecida al borrador de la declaración de la renta, que aparece ya relleno y que se puede modificar y confirmar.

Además se posibilitará la creación de "oficinas todo en uno", que centralizarán los servicios de la Administración en un mismo lugar, por ejemplo, permitiendo realizar un empadronamiento en una oficina de Correos.

En el despliegue de estos cambios, es necesaria la creación de una plataforma propia de IA, con una dotación de 14 millones de euros y que servirá para ordenar los sistemas de gestión de datos.

Fedeca, preocupada

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca) ha manifestado su preocupación sobre las propuestas del Gobierno y se ha posicionado "en defensa de las especialidades y del esfuerzo" para "garantizar el mejor servicio público".

"Toda reforma debería respetar los principios constitucionales y también los de la Función Pública: Igualdad, Mérito y Capacidad", señaló Fedeca en un mensaje en redes sociales, en el que destacó que "nadie entendería que una reforma terminara perjudicando directamente a los ciudadanos", y anunció que la semana que viene se reunirá con el Gobierno.

Asimismo, recuperó un comunicado publicado en 2024 en el que denunciaba no haber sido invitada al debate sobre los procesos selectivos de acceso a la función pública en general y a la Administración General de Estado en particular.

Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) mostró su total rechazo ante una propuesta que supone más subjetividad, rebaja de criterios y conocimientos para acceder a la alta función pública.

"El documento presentado, muy mejorable desde el punto de vista de la utilización de la lengua española, es un papel lleno de ambigüedades, palabras incomprensibles y vacías, incongruencias y conclusiones que entrañan un gravísimo peligro para el futuro de la función pública española.

Los inspectores señalan con ironía que el título del documento sea “Consenso por una administración abierta", puesto que "ni ha habido consenso ni se ha querido escuchar a quienes de Administración saben".

Para IHE la intención es evidente: "demoler la Administración pública a través de la demolición del capital humano. El plan, organizado desde la secretaría de Estado de Función Pública, al frente de la cual actualmente está Clara Mapelli, pretende que una selección de personas, que acceden a una escuela por medio de un examen de conocimientos generales, puedan luego, cuando ya se conocen sus nombres y apellidos, ser seleccionados para lograr la plaza en cualquier área competencial de la AGE, previamente diseñadas con una ambigüedad que roza el absurdo, razón por la cual IHE advierte del absoluto caos en el servicio público".

"Los funcionarios ya no tendrán, sin duda alguna, la misma preparación que antes. Sn embargo, el peor peligro es la errática idea de un funcionario seleccionado con un proceso en el cual será imposible asegurar la imparcialidad y la objetividad. En definitiva, la injerencia política será una realidad sin precedentes en la democracia española".

"El Gobierno, no contento con demoler la función pública a partir de la cesión de competencias que en muchas áreas se está proponiendo, en especial, en el área tan crucial para un estado de bienestar como es la Administración tributaria, sigue adelante con el desmoronamiento de la Administración, del Estado de Derecho y de la función pública española".