Grecia recortará un 56% el gasto en los ministerios

Los ministros de Finanzas y de Economía de la zona del euro dieron ayer su visto bueno a la lista de reformas entregada por el Gobierno griego, lo que permite prorrogar definitivamente cuatro meses la asistencia financiera al país.

La lista de reformas presentada por el Gobierno griego amplía el abanico de concesiones, como mantener las privatizaciones y elude algunas de las medidas sociales para combatir la crisis humanitaria. El primer ministro heleno, Alexis Tsipras, ha conseguido frenar los planes de los acreedores de recortar salarios y pensiones, aunque tampoco se aumentarán, por lo menos con demasiada facilidad, como había prometido Tsipras hasta hace una semana.

El primer capítulo del documento versa sobre las políticas fiscales y aborda proyectos como la recaudación del IVA, que en los últimos años ha fracasado. Atenas prevé suprimir las exenciones tributarias y la inmunidad fiscal. Según el diario «Kathimerini», en Grecia hay 700 exenciones fiscales que reducen en 3.600 millones de euros los ingresos del Estado. Esa redistribución del IVA seguirá criterios de «justicia social». El Ejecutivo anunció hace una semana que aplicaría un descuento del 20% en los alquileres de aquellos con renta inferior anual inferior a los 15.000 euros.

Entre las medidas para combatir el fraude fiscal, el documento abarca el refuerzo de los organismos que persiguen la evasión. El Gobierno heleno ya prepara el marco legal para sancionar a los evasores y a la vez ofrecer incentivos para saldar las deudas lo antes posible. Según el Ministerio Anticorrupción, la medida permitirá recaudar con rapidez 2.500 millones.

Por otro lado, el texto contempla el control y la contención del gasto público en toda la Administración. Además, Grecia se compromete a introducir medidas de ahorro en el 56% de los gastos de los ministerios que no corresponden a sueldos ni pensiones.

El control de gasto se aplicará también a la Sanidad pública. En materia de Seguridad Social, se buscará «consolidar» los fondos de pensiones, con el objetivo de promover el ahorro, con estímulos para declarar el trabajo efectivo y reducir el fraude. También se eliminarán los incentivos para la jubilación anticipada, sobre todo en el sector público y el bancario. Antes de la crisis, la edad media de jubilación entre los funcionarios se situaba en los 61 años.

Otra de las prioridades será la lucha contra la corrupción, especialmente el contrabando de tabaco y gasolina, cuyo fin podrían reportar ingresos de unos 1.500 millones y 800 millones de euros, respectivamente. Asimismo, se pondrá fin a los privilegios políticos y al clientelismo. Tsipras ya anunció que acabará con el 30% del personal de la sede de la Administración, prescindirá del 40% de sus escoltas, venderá 450 de los 700 coches oficiales y se deshará de uno de los tres aviones oficiales.

El segundo capítulo trata la estabilidad financiera, punto en el que Grecia se compromete a cambiar la legislación para lograr una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos y en las deudas, que suponen pérdidas de 7.600 millones de euros al Estado.

Además, el Ejecutivo protegerá a los hogares por debajo de un determinado umbral de ingresos para evitar los desahucios de primeras viviendas, mientras asegura que perseguirá a los «morosos estratégicos». Según fuentes bancarias citadas por «Kathimerini», unos 15.000 casos de impagos de hipotecas corresponden a préstamos superiores a los 500.000 euros. Es decir, familias que viven en mansiones y no pagan sus deudas.

El tercer capítulo se ocupa de las privatizaciones y gestión de los activos públicos, las reformas en el mercado laboral, la reducción de la burocracia y la reforma judicial. En cuanto a las privatizaciones, el Gobierno se compromete a respetar los procesos finalizados y los que están en marcha, una de las concesiones que más contradicciones han generado entre los ministros. Además, el plan plantea cancelar las barreras a la competitividad, a través de propuestas como agilizar la burocracia, y deja la puerta abierta a la liberalización de nuevos mercados.

Respecto al mercado laboral, el Gobierno expresa su compromiso de recuperar los convenios colectivos y de ampliar las posibilidades de ofrecer trabajos temporales a los desempleados de larga duración. También reitera su «ambición» de elevar el salario mínimo, aunque tendrá que consultarse con los socios europeos y el FMI.

Para combatir la crisis, el Ejecutivo presentó un identificador para obtener cupones de alimentos y acceso a la Sanidad. Atenas asegura que «la lucha contra la crisis humanitaria no tendrá efectos fiscales negativos», una frase que da una idea de la presión que ha recibido Atenas.