España siempre ha sabido extraer enseñanzas de los momentos más difíciles de su historia para construir un futuro más próspero.

El apagón del 28 de abril, que nos dejó sin electricidad durante horas, no es una excepción, y nos ha mostrado el camino hacia una oportunidad: fortalecer nuestro sistema eléctrico, permitiendo que la energía fotovoltaica controle la tensión, y a la vez blindar nuestra competitividad empresarial aprovechando la ventaja única de esta energía limpia y barata.

Las organizaciones empresariales cifran las pérdidas del apagón en 1.600 millones de euros, el 0,1% del PIB.

Una factura inaceptable que no podemos asumir de nuevo. Pero más allá del coste inmediato, el apagón nos recordó una verdad incómoda: en un mundo interconectado, la resiliencia energética no es un lujo, sino una necesidad estratégica. La hostelería, el sector turístico, el del automóvil o las empresas electrointensivas no pueden verse expuestas a riesgos sistémicos que comprometen su supervivencia.

Aquí radica la primera gran oportunidad: el Real Decreto-ley 7/2025 para el refuerzo del sistema eléctrico, que se vota en el Congreso de los Diputados el próximo 22 de julio para su convalidación, no es solo una respuesta técnica a un problema estructural para reducir riesgos sistémicos, sino una herramienta de competitividad empresarial. Llega en un momento crucial, no solamente por el apagón, sino también con la reciente experiencia de la guerra de Ucrania que ya nos demostró el grave problema de la falta de soberanía energética.

Recordemos que España tuvo que solicitar en Bruselas la «excepción ibérica» para mantener nuestra competitividad, y planteémonos el absurdo que supone depender de terceros para gestionar nuestra energía nacional cuando tenemos todas las herramientas para ser autosuficientes.

Hoy debemos cambiar el concepto de geoestrategia por el de tecnoestrategia: ya no es importante controlar zonas porque allí se produce carbón o petróleo; lo crucial es dominar la tecnología.

Y en este contexto, la energía fotovoltaica se ha consolidado como motor económico por primera vez en una revolución industrial.

La fotovoltaica: 12.389 millones de euros al PIB

El motivo es claro, tenemos el doble de sol que países como Alemania, lo que hace a nuestros proyectos el doble de rentables. Pero también tenemos un sector fotovoltaico profesionalizado hasta la excelencia, líder en toda la cadena de valor, que aporta 12.389 millones al PIB y proporciona sustento a 162.396 familias españolas, principalmente fuera de las grandes ciudades, contribuyendo a la vertebración territorial.

Hemos sabido convertir nuestra ventaja solar en liderazgo tecnológico mundial, triplicando la inversión media en I+D con más de 610 millones de euros y batiendo récords en exportaciones. Y más del 60% de las empresas fotovoltaicas que operan en España, más de 400 empresas, son pymes españolas.

Esta realidad empresarial se traduce en impactos socioeconómicos que van mucho más allá de las cifras macroeconómicas. Los estudios ya demuestran que los parques solares generan en los municipios, entre otras cosas, aumento del empleo, crecimiento de la población, incremento de la recaudación municipal, mejora de la renta o mejora del precio de la propiedad, especialmente en zonas rurales.

El Real Decreto-Ley refuerza la seguridad del suministro eléctrico, clave para la estabilidad energética y para evitar cuellos de botella en regiones con alta demanda o con red actualmente insuficiente, garantizando un suministro en zonas industriales y rurales con pueblos dispersos. Aporta certidumbre a inversores, atrayendo industria e innovación.

Fortalece la competitividad industrial de nuestras CC AA, mejorando su capacidad logística y de atracción de capital tecnológico. Impulsa la electrificación, eliminando barreras fiscales y regulatorias que lastraban la modernización de nuestras empresas hacia procesos más eficientes. Contribuye a blindar infraestructuras críticas ante la dependencia de terceros países en un contexto geopolítico inestable, reduciendo la necesidad de importaciones.

Seguridad es soberanía

Y es precisamente la herramienta que permite que nuestra riqueza empresarial fotovoltaica se despliegue sin trabas. Sus medidas racionalizan la tramitación, facilitan el desarrollo del almacenamiento, abren nuevos mercados a nuestras pymes y democratizan el autoconsumo.

Todo ello, unido a una mayor seguridad jurídica que las entidades bancarias ya confirman que mejora la financiación, permite a la fotovoltaica ejercer su papel de nueva tecnología convencional. España está en una encrucijada. Podemos seguir expuestos a crisis, o tomar las riendas de nuestra seguridad, soberanía y prosperidad económica.

Todo ello mientras avanzamos en la transición energética y accedemos a precios de energía mucho más bajos que nuestros competidores, gracias a la ventaja competitiva que nos aporta la energía fotovoltaica. En la convalidación parlamentaria del RDL 7/2025, es fundamental que los grupos políticos comprendan que el Real Decreto-Ley trasciende estrategias partidistas y que frente a cualquier cálculo debe prevalecer el interés general.

Este RDL no es solo una medida técnica, es una declaración de intenciones sobre el tipo de país que queremos ser: un país que aprende de sus errores, que convierte las crisis en oportunidades y que apuesta por sus empresas y su tejido productivo.

La industria española no puede permitirse rechazar las herramientas que la protegen de crisis externas y fortalecen su competitividad internacional. Como siempre ha hecho a lo largo de su historia, España debe saber leer los signos de los tiempos y actuar con decisión. El momento es ahora.