Los inspectores de Hacienda alertan: la independencia fiscal de Cataluña es "inconstitucional" y disparará el fraude

La soberanía fiscal de Cataluña es "inconstitucional", supondría la desaparición de la Agencia Tributaria de ese territorio, con su consiguiente fraccionamiento, deterioraría la lucha contra el fraude fiscal y conllevaría una sustancial merma de los servicios públicos al socavar el actual sistema de financiación autonómico basado en la solidaridad entre territorios. Así lo concluye la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en un documento que evalúa las consecuencias de la soberanía tributaria de Cataluña.

En plena campaña electoral, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, propuso la semana pasada romper el actual sistema de financiación autonómica para que Cataluña asuma la recaudación y gestión de todos los impuestos de la región y que tan sólo entregue un cupo al Estado, como hace el País Vasco. No obstante, este modelo se diferenciaría del concierto vasco al enviar fondos al Estado, no sólo para el pago de los servicios centralizados de los que se benefician los habitantes de la región, sino también para contribuir a un fondo de solidaridad interterritorial que sería limitado en el tiempo y que estaría sometido a que el resto de las comunidades establezcan criterios de eficacia y convergencia.

Los inspectores de Hacienda explican que esta pretendida independencia fiscal no está contemplada ni en la Constitución, ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), que son las normativas que regulan relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat, y violaría los principios de igualdad (artículo 14, de la CE), de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad entre comunidades con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales (artículo 158 de la CE).

La presidenta de la asociación de inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, ha añadido que si, para salvar esta situación, se optara por reformar la LOFCA para dar una "especialidad" a la financiación catalana constituiría "un fraude de ley", ya que daría un privilegio prohibido por la Constitución a una región del régimen común. El vocal de la asociación José María Peláez, añade que tampoco la normativa catalana incorpora "ninguna especialidad que pueda amparar esta petición", ya que el Estatut está "en consonancia plena y total con la Constitución" en materia de financiación.

El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha apostado también por la vía del "consorcio tributario" para llegar a un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación autonómica. Manifestó en una entrevista que el artículo 204 del Estatut prevé que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de impuestos del Estado puede ser delegada a la Generalitat con la constitución de un consorcio o ente equivalente, con participación partidaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Agencia Tributaria de Cataluña.

No obstante, el Consorcio a que se hace referencia en el Estatuto sólo está previsto como forma de colaboración para los tributos parcialmente cedidos, pero nunca puede amparar la cesión a Cataluña del 100% de los impuestos recaudados en dicho territorio, que incluiría también los impuestos estatales no cedidos. Así, el consorcio tampoco tendría amparo ni en la Constitución ni en la LOFCA. Por lo tanto, no existen motivos diferentes a los políticos para la creación de un consorcio, señalan los inspectores de Hacienda.

Tributos que no se pueden descentralizar y deslocalización de empresas

El plan planteado por el Govern catalán supone tener plena capacidad normativa en los impuestos y procedimientos tributarios, traspasar la gestión y recaudación de los tributos generados en Cataluña y disponer de la totalidad de recursos impositivos.

Los inspectores han explicado que existen tributos, como el caso del IVA, en los que su naturaleza hace imposible una gestión descentralizada del mismo. "Es más, las tendencias internacionales en este impuesto abogan cada vez más por una gestión en un sólo país miembro y el reparto de recaudación entre los Estados", remarca la asociación.

Otros tributos se consideran "muy difícilmente consorciables", como los que recaen sobre el comercio exterior, el impuesto sobre la renta de no residentes y el Impuesto sobre Sociedades. Los dos primeros por estar íntimamente relacionados con la actividad exterior del Estado y regulados por normas no estatales, mientras que en el caso del Impuesto de Sociedades, las diferencias de gestión pueden implicar fácilmente deslocalizaciones.

Ruptura de la solidaridad entre regiones

Este pacto fiscal para recoger la "singularidad catalana" sería un "hito en la resolución del conflicto" catalán, apuntó Aragonès, y permitiría a la Generalitat recaudar 52.000 millones de euros, casi el doble de lo que ingresa actualmente, 25.600 millones, lo que crearía una situación de privilegio frente al resto de comunidades. En contrapartida, la menor contribución fiscal de Cataluña por la creación de un cupo catalán socavaría el actual sistema de cohesión social: Cataluña es el tercer gran aportante de la caja común.

Cataluña considera que no hay un privilegio porque cualquier comunidad podría solicitar la singularidad, pero excluye que estaría lastrando la cohesión social entre todas las comunidades autónomas. "¿Qué singularidad tiene? Sí, que es una de las más ricas de España, pero eso no justifica su independencia fiscal", insiste José María Peláez.

La Generalitat justifica la singularidad con los agravios que genera a su comunidad el modelo de solidaridad entre comunidades, pero los expertos coinciden en que las deficiencias afectan a varias regiones y, por lo tanto, lo que requiere es una mejora, no la salida de uno de los aportantes.

En concreto, "Cataluña representa el 20% del PIB. Si deja de dotar de fondos al Estado, la traslación es que los ciudadanos estarán peor financiados y recibirán peores servicios públicos", añade Peláez. ¿Qué comunidades podrían pedir una hipotética singularidad? Aquellas que aportan fondos al Estado para redistribuir entre otras comunidades autónomas: Madrid, Baleares y Cataluña. El resto sólo se verían aún más perjudicadas por este modelo.

El Estado perdería 3.000 millones de la lucha contra el fraude

La cesión de la recaudación provocaría el fraccionamiento de la Agencia Tributaria y produciría graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal, así como problemas en la recaudación tributaria.

La creación de una Agencia Tributaria catalana supondría romper varias líneas rojas: se perdería el sistema único de información para luchar contra el fraude fiscal; la tendencia de europea es contraria al fraccionamiento de la inspección; generaría problemas ante la existencia de diferentes planes de control de la Agencia Tributaria, dificultaría los problemas en la lucha contra las tramas del IVA y en la lucha contra el fraude organizado; ocasionaría problemas de deslocalización de empresas al fraccionar la gestión de los impuestos sobre el consumo; haría más difícil controlar las empresas multinacionales (en España 124 multinacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales, que tienen 14.700 filiales, de las que 9.800 son extranjeras) y la inspección de grandes patrimonio, entre otros perjuicios.

La consecuencia de todos los problemas mencionados anteriormente es que "resultaría muy difícil seguir la senda de los brillantes resultados obtenidos por la Agencia Tributaria en los últimos años", que solamente en las actuaciones de control de lostributos internos han ascendido a más de 15.000 millones de euros anuales. Alrededor de 3.000 millones corresponden a Cataluña.

Los regímenes forales de País Vasco y Navarra, previstos en la Constitución, ya suponen un "agujero negro" en materia de información a efectos de lucha contra el fraude, ha subrayado Peláez, una deficiencia que se subsana porque suponen alrededor del 6% o el 7% del PIB, pero Cataluña supone el 20 % del PIB, por lo que su salida de la Agencia tendría "una repercusión muchísimo mayor".

También se vería afectada la plantilla de trabajadores de la Agencia Tributaria, que asciende a unas 25.909 personas, de las que prestan sus servicios en Cataluña alrededor de 5.000, que ya están mostrando nerviosismo, según la asociación. Teniendo en cuenta que en los próximos cinco años se jubila una cuarta parte de la plantilla de la Agencia -otros 5.000 o 6.000 funcionarios-, la Agencia Tributaria "realmente se vería en muchas dificultades para lograr los objetivos y la eficacia que está consiguiendo actualmente", ha señalado el vocal de la Asociación de Inspectores, José María Peláez.

La propuesta actual rescata las aspiraciones independentistas del expresidente Artur Mas, que en 2012, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, propuso un pacto fiscal al modelo de cupo catalán, algo que el Ejecutivo del PP rechazó al considerarlo fuera de la Constitución. Más de 10 años después, el independentismo catalán se vuelve a topar con la negativa del Gobierno, aunque cree que tiene más puertas abiertas, al haber conseguido hitos que también se consideraban imposibles, como la amnistía a los líderes del procés.

“Tenemos tres años, en esta legislatura, en la que serán muchas las votaciones en las que serán necesarios nuestros votos. El presidente se comprometió en su investidura a abordar esta negociación, tendrá que cumplir los acuerdos de investidura", recordó Aragonés, apuntado al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para cerrar la investidura de Sánchez en el que los socialistas se comprometen a abrir "un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña". "Si se van cumpliendo los acuerdos, podrá haber nuevos acuerdos”, advirtió, haciendo hincapié en la importancia de su apoyo para sostener la nueva legislatura de Pedro Sánchez.