El Congreso y los jueces frenarán el "cupo catalán"

ERC ha echado a rodar la bola del «cupo catalán» para distraer la atención del protagonismo de Carles Puigdemont en la campaña de las elecciones catalanas.

Es una bola en la que puede que llegue a jugar en el futuro el PSOE si le interesa manejarla para garantizarse su estabilidad en Madrid o en Cataluña, de darse unos resultados en las autonómicas que permitieran al PSC cumplir con el objetivo de Pedro Sánchez de llegar a la Presidencia de la Generalitat. Pero, en la práctica, es una propuesta que no está en manos de un pacto entre el independentismo y el PSOE.

La realidad es que dentro de este marco autonómico los independentistas catalanes tienen enfrente un muro que frenaría su exigencia de romper con el principio de igualdad territorial, incluso aunque llegaran a acordar avanzar en esa dirección con Moncloa.

Los presidentes autonómicos del PP, o el socialista Emiliano García-Page, cuentan con instrumentos políticos y jurídicos para combatir y tumbar este «cupo catalán».

«Son fuegos de artificio porque hay recursos en vía judicial y constitucional». Todos los presidentes autonómicos, sea el gobierno del color que sea, los utilizarían para hacer frente a este pacto fiscal que saque a Cataluña del régimen común.

«El debate político se enciende y todos entramos en el juego, obviando que el Estado tiene sus mecanismos de defensa», precisan en niveles técnicos del Ministerio de Hacienda.

Además, el PSOE tendría un problema en el Parlamento si cierra un pacto con ERC y Junts en esta materia. Para desarrollarlo necesitan modificar la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas, y también, seguramente, varias leyes tributarias. Y se abriría el debate de la reforma constitucional, dado que la Carta Magna recoge sólo el caso específico de las Diputaciones Forales vascas y navarras.

BNG, Chunta o Compromís difícilmente seguirían a Sánchez en esta dirección

Modificar una ley orgánica requiere de mayoría absoluta, y ahí es donde se encontraría Moncloa con otro gran escollo para satisfacer a sus socios porque este pacto fiscal en favor de Cataluña contaría difícilmente con el apoyo de otros grupos que están integrados en Sumar como Compromís y Chunta. Y tampoco con el de partidos nacionalistas como Coalición Canaria o el BNG.

En todo caso, cuando algún presidente autonómico califica la exigencia de «fuego de artificio»no significa que reste relevancia al debate que ha vuelto a recobrar fuerza con la campaña catalana y la rivalidad política y electoral entre Puigdemont y ERC.

Las alarmas autonómicas están encendidas, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, las calentó aún más ayer en Madrid cuando presentó el cupo catalán como un hito previo a negociar un referéndum. Advirtió también al presidente del Gobierno de que debe sentarse a la mesa para discutir su propuesta de concierto catalán si quiere mantener viva la legislatura española.

Esta exigencia estaba en el pacto de investidura negociado con los independentistas, y ERC la reivindica ahora dentro de una hoja de ruta que, como recuerda, consiste en amnistía, concierto catalán y, como etapa final, el referéndum. La misma que también defiende Junts y que previsiblemente estará en el discurso o mitin que hoy pronuncie Puigdemont, después de que los republicanos hayan intentado tomarle la delantera en esta primera semana de precampaña electoral.

Si ERC, y Junts no van de farol en su proclama de que el cupo catalán es una condición imprescindible para que siga adelante la legislatura española, o el PSOE y los partidos independentistas juegan a engañarse entre ellos, o juegan a engañar entre todos a la ciudadanía, porque Moncloa sabe igual de bien que los presidentes autonómicos que el cupo catalán requeriría de una mayoría parlamentaria que no tiene, salvo que busque la trampa, bajo cuerda, para inyectar recursos sin el cauce legal establecido, que es la reforma de la LOFCA.

Cataluña es una comunidad sistémica por el peso que su economía tiene en el conjunto del marco autonómico, y su salida del régimen común para gestionar todos los impuestos generados por sus habitantes, abonando a cambio una cantidad por los servicios prestados por el Estado, crearía una situación insostenible.

Primero, las demás comunidades correrían a exigir lo mismo, pero es que, además, la parte de la recaudación que la Generalitat retendría de los recursos comunes debería restarse de los que ahora reciben las demás autonomías que también forman parte del régimen común. Rompería la Agencia Tributaria y la caja única de la recaudación, está fuera de la Constitución, y llevaría a agrandar las desigualdades entre regiones.