La AIReF no se cree el plan de rescate de las radiales quebradas

Advierte de que su impacto en las cuentas públicas, sus plazos y el riesgo de litigiosidad son una incertidumbre

Lo que vaya a hacer el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con las radiales quebradas sigue siendo un misterio. Se desconoce si levantará de forma definitiva las barreras de los peajes, mantendrá su gestión a través de la sociedad pública Seittsa o avanzará en los planes para relicitar las vías que tenía su predecesor en el cargo, Íñigo de la Serna. Si opta por esta última opción, se hará cargo de un plan plagado de sombras. Así al menos lo ve la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que considera que el proyecto presenta “un elevado grado de incertidumbre”. Las dudas, según el organismo, afectan a todos los aspectos de la propuesta, incluido el más escabroso, el de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Este pago, recogido en los contratos, es la compensación que el Estado tendrá que pagar a los fondos de inversión que ahora controlan las vías por liquidar por adelantado los contratos de concesión. Los fondos tienen como fin compensar la inversión realizada para la construcción de las autopistas y que no se podrán recuperar a través de los futuros peajes, como se preveía originalmente. El Gobierno ha ido rebajando paulatinamente la cantidad que estima que costará la RPA. En la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2017-2020 anunció que el rescate de las vías costaría unos 3.500 millones de euros. Sin embargo, en diciembre los rebajó a unos 2.000 millones, que se han quedado en 1.800 millones en la más reciente APE enviada a Bruselas hace apenas unas semanas y que ha sido objeto de análisis por la AIReF. El cálculo definitivo sólo se conocerá en los seis meses siguientes a la resolución de los actuales contratos de concesión. El Ministerio de Fomento ya está trabajando en el asunto, toda vez que está terminando de asumir la gestión de las vías que van cayendo en liquidación a través de la sociedad pública Seittsa.

Ninguno de los tres cálculos presentados cuadra, en ningún caso, con los que han hecho los fondos de inversión. Según sus cuentas, la RPA debería rondar los 4.000 millones de euros, más del doble de lo que ahora prevé el Gobierno. Estas discrepancias abocarán de forma casi inevitable a una larga batalla en los tribunales entre ambas partes. Los fondos ya han advertido de que pleitearán hasta donde sea necesario para recuperar lo que consideran es suyo. Una batalla que se antoja larga. Estos inversores calculan que puede demorarse al menos seis años, lo que, de arrojar una sentencia favorable a sus intereses, encarecería todavía más la factura a pagar por el Estado por los intereses de demora a sustanciar. Precisamente, la Autoridad Independiente Fiscal apunta que esta litigiosidad supone “un riesgo evidente para los objetivos que se ha marcado el Gobierno en sus planes”.

A la AIReF también le genera serias dudas, por su falta de concreción, el planteamiento del Ministerio de Fomento de volver a concesionar las vías para recuperar parte de la RPA. El objetivo del departamento es volver a privatizar la gestión de estas autopistas este mismo año con la intención de recaudar entre 700 y 1.000 millones de euros. En principio, para hacerlo en los siete meses que restan de ejercicio, las licitaciones deberían hacerse este mismo mes que es cuando Fomento prevé tener bajo control todas las autopistas. Las vías se concesionarán en dos lotes. En uno estarán la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera. El otro agrupará la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (eje aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo). El anterior equipo de Fomento era optimista con la relicitación pues, una vez descontado el pesado lastre de la deuda, considera que se trata de autopistas de peaje rentables. De hecho, Fomento asegura que ahora mismo están arrojando un ebitda -beneficio bruto- positivo. En los tres primeros meses del año, los tráficos de estas nueve vías crecieron entre un 1,67% y un 13,3%, según los datos del Ministerio de Fomento. Entre los requisitos que pueden incluir los nuevos contratos de concesión está el pago de un canon anual variable por parte de la empresa que gestione la vía si se superan en un 125% los ingresos previstos, según un borrador publicado por LA RAZÓN el pasado 30 de marzo.

Aunque el Gobierno anterior aseguraba que su intención era liquidar el asunto este año, pagando la RPA e ingresando lo que consiga con la relicitación de las vías, la AIReF cree que no está suficientemente claro el horizonte temporal en el que se producirá este impacto en las cuentas públicas.